La mora exige una gestión preventiva
La crisis ha llevado la tasa de morosidad de la banca al 3,38% del total del crédito en diciembre de 2008, cuatro veces más que un año antes. Cuando las dificultades para la actividad financiera acumulan 20 meses, los créditos en mora de bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito superan ya los 60.000 millones de euros, de los que las cajas son acreedoras de más de la mitad. En términos relativos, la mora de las entidades de ahorro se acerca al 4%, mientras que en los bancos no llega al 3%.
Los cálculos para finales de este ejercicio, según los especialistas, colocan la tasa de morosidad cercana al 8%. Tal valor, próximo al máximo histórico del 9% que la banca española alcanzó en 1994 -cuando la anterior recesión y tras la crisis de Banesto-, no es en absoluto descartable si persiste la destrucción de empleo de los últimos trimestres. Se debe, por tanto, abrir una reflexión seria en la gestión de las entidades para mantener la solvencia de las empresas financieras, más allá del comportamiento de la cuenta de resultados.
Aunque no hay dos entidades iguales, como no hay dos carteras de crédito o de activos de riesgo iguales, bancos y cajas deben someter su balance a pruebas de estrés lo suficientemente exigentes como para evitar sorpresas, y poner en marcha las correcciones precisas. En los últimos meses los gestores han hecho operaciones de compra de activos inmobiliarios o de conversión de deuda en capital en determinadas inmobiliarias para atajar el avance de la mora. Además, las entidades han destinado parte del beneficio de 2008 a aumentar las provisiones.
Pero deberían reforzar sus bases de capital para hacer frente a un creciente volumen de activos con riesgo cierto, tanto en los bancos como en las cajas, además de explorar las fusiones que dentro de la profesionalidad y rigor financiero tengan sentido en el mercado. La capitalización tiene un carácter preventivo evidente; pero es más precisa todavía si se tiene en cuenta que las realizadas en el entorno europeo, con dinero público, dejan a la banca española en desigualdad de condiciones para captar recursos y financiar grandes operaciones.