Solución europea para el automóvil
El Plan Integral de Automoción (PIA) que aprobó el viernes el Consejo de Ministros es una amalgama de medidas inconexas que además, en su gran mayoría, ya existen. Así pues, a priori no parece suficiente para resolver los problemas coyunturales y estructurales de la automoción en España, una actividad responsable del 6% del PIB, 350.000 empleos directos e indirectos y que es la primera industria exportadora nacional.
Aunque el Gobierno cuantifica el plan en 4.000 millones de euros, la realidad es que hay pocos fondos nuevos. Incluye los 800 millones del Plan de Competitividad aprobado en enero e, igualmente, suma los 1.200 millones del plan Vive, de escaso éxito hasta ahora. Los otros 2.000 se reparten entre medidas variadas como 10 millones destinados al proyecto Movele -ya existente- de fomento del coche eléctrico o 420 millones en partidas de los actuales planes de I+D.
Las actuaciones incluidas bajo el paraguas de impulso a la logística y las financieras se limitan a iniciativas ya aprobadas y que afectan a varios sectores. Entre las primeras están el plan de potenciación del ferrocarril de mercancías o las llamadas autopistas del mar del transporte marítimo anunciadas en la anterior legislatura, aunque no por ello menos necesarias. Sobre las financieras, el Plan Integral de Automoción se limita a los planes que el ICO ya ha aprobado para dotar de liquidez al conjunto de las pymes y a las ayudas del Banco Europeo de Inversiones aprobadas por la UE.
Mucha más enjundia tiene el apartado de las medidas laborales. No obstante, quedan supeditadas a acuerdos dentro del diálogo social, lo que puede demorar su puesta en marcha. Entre ellas cabe resaltar la decisión del Gobierno de permitir que los trabajadores del sector afectados por ERE temporales pongan el 'contador del paro a cero' si fuesen despedidos, lo que les garantizaría cobrar completa su paga por desempleo, en algunos casos hasta dos veces: primero en regulación y después como despedido. Así serán beneficiarios de mayores prestaciones que cualquiera de los muchos trabajadores que se están quedando cada día sin empleo, generando razonables suspicacias.
El sector ha acogido el plan con decepción porque no ha conseguido que se aprobasen incentivos a la demanda. Para el Gobierno son suficientes los 1.200 millones que el plan Vive destina a subvencionar intereses de los créditos para comprar coches. Por contra, la industria aspiraba a que se reeditasen ayudas directas tal y como han adoptado varios países europeos.
Las empresas piden medidas coyunturales antes que planes estructurales. Sin embargo, es preciso garantizar la competitividad futura del sector europeo, por lo que son necesarias actuaciones a más largo plazo. La estructura productiva europea con factorías repartidas por varios países exige, no obstante, que se aborde desde la UE y no a nivel nacional. Si se delega en los Gobiernos de los países productores -como ha hecho Bruselas-, es lógico que éstos exijan a los fabricantes que mantengan el empleo dentro de sus fronteras a cambio de ayudas. Ya lo han hecho Francia y España en una dinámica que no conduce a nada bueno, en la que las matrices terminarán imponiendo la producción en sus países de origen, poniendo en cuestión sus filiales.
