La Cámara de Barcelona pide 15.000 millones en avales para financiar pymes
El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, solicitó ayer al Gobierno que impulse una línea de avales por valor de 15.000 millones para estimular la actividad y la liquidez empresarial. Esta iniciativa beneficiaría a 10.000 pymes, y consistiría en que el Estado avalara hasta el 75% de créditos con un tope máximo de 1,5 millones.
Valls argumentó que 'dependerá de los técnicos del Gobierno determinar el organismo que debe canalizar esta propuesta'. En cualquier caso, Valls concretó que esta medida 'no se debe confundir con la línea de créditos de 10.000 millones iniciada por el ICO, de la que sólo se han adjudicado en 15 días 113 millones'. Precisamente, señaló que los avales que propone serían un complemento a estos créditos, sirviendo de garantía par que los bancos prestaran más créditos.
Valls afirmó que el crédito abierto por el ICO 'no está teniendo el impacto positivo deseado'. Especificó que la línea de vivienda, presupuesta con 3.000 millones, 'no ha asignado ni un euro', mientras que la de avales para promover vivienda protegida sólo ha colocado 260 millones, el 5% de los 5.000 millones presupuestados desde mediados de 2008. Ante esta situación, Valls pidió que se redistribuyeran estas líneas en otras necesidades con mayor demanda empresarial como la liquidez.
Con todo, el máximo responsable de la Cámara barcelonesa explicó que el problema principal para las empresas es la caída de la demanda, dejando en segundo lugar la escasez de la financiación bancaria. 'Aún estamos con crecimientos de crédito superiores a las crisis de los años noventa y ochenta, aunque es cierto que si la situación se deteriora más podríamos entrar en deflación'.
Valls también se refirió al deterioro de los pagos de las administraciones, que han pasado de una media de 88 días hace tres años a 96 días en 2007, según datos del Banco de España. Para paliar este problema, Valls propuso la creación de un fondo público extraordinario para las Comunidades Autónomas que no puedan afrontar sus pagos.