85.219 autónomos menos
Las cifras asustan. Al enorme aumento del desempleo en el último año se une una nueva y triste cifra: la baja en el sistema de Seguridad Social de más de 85.000 trabajadores autónomos. La desaparición paulatina de los autónomos es, en mi opinión, un problema que debe solucionarse cuanto antes, dado que es sabido que más del 80% de los trabajadores existentes trabajan para autónomos y para pequeñas empresas, por lo que si los autónomos siguen desapareciendo seguirán destruyéndose muchísimos puestos de trabajo.
Por consiguiente, la receta es clara: destinar mucha ayuda a los emprendedores y a los autónomos en todos los ámbitos, fundamentalmente en el acceso al crédito de los bancos, en el fiscal y en el laboral y de Seguridad Social. Lamentablemente, es evidente que el Estatuto del Trabajador Autónomo que entró en vigor en octubre de 2007 no ha servido para evitar esta situación tan crítica.
Sin duda, la rebaja de los costes de Seguridad Social para las empresas, al menos para las pequeñas empresas, los autónomos y los emprendedores, aumentaría su capacidad de liquidez, que resulta prioritaria y necesaria. Pero dichas propuestas no bastan y es necesario ir más allá de las medidas de flexibilidad laboral que introdujo la reforma laboral del año 1994, pues desde dicho año la mayor parte de las normas laborales han ido incrementando su rigidez en cuanto a las facultades flexibilizadoras de las empresas. Por consiguiente, se necesita una reforma laboral urgente que adopte nuevas medidas flexibles, acordes con estos tiempos de crisis para que contribuyan a crear más empleo. Al menos prioritariamente, esta flexibilidad debería ir dirigida a las microempresas y a las pequeñas empresas, entendiendo por éstas, empresas que tuvieran hasta 25 trabajadores en plantilla.
A mi juicio, se necesitan reformas legales que permitan mayor movilidad funcional y mayor posibilidad de establecer modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, cuando existan razones objetivas que aconsejen dichas medidas, olvidando definitivamente las rigideces de la categoría profesional y apostando claramente por el grupo profesional que engloba varias categorías, pues dichas medidas contribuirán a reducir el número de despidos al poder la empresa adaptarse más fácilmente a las circunstancias de cada momento, como pueden ser las épocas difíciles, sin tener que recurrir a extinguir tantos contratos.
Del mismo modo, es preciso que se exijan menores requisitos, al menos para las empresas pequeñas y para los autónomos, para conseguir que se declare un despido por causas objetivas como procedente por los jueces de lo social, de forma que aquellas que tengan pérdidas de un año puedan conseguir la procedencia del despido sin que sea preciso, como hasta ahora, tener hasta tres años de pérdidas para conseguir tal declaración de los tribunales, pues muchas pequeñas empresas en dicho periodo ya habrán desaparecido.
Habría que recuperar, sin duda, el contrato temporal de lanzamiento de nueva actividad puesto que daba tranquilidad a las empresas de nueva creación, a los emprendedores y a las empresas que abrían un nuevo centro de trabajo, lanzaban una nueva actividad o un nuevo producto al mercado, dado que dicho contrato permitía una contratación temporal durante un mínimo de seis meses y un máximo de tres años con prórrogas cada seis meses, y facilitaba mucho la contratación de gran número de trabajadores.
En definitiva, debería plantearse incluso un Derecho Laboral distinto y más flexible para los trabajadores de las microempresas que para el resto de trabajadores que prestan servicios en grandes empresas o en empresas con grandes beneficios, pues de lo que se trata es de que no se destruya tanto empleo y no se pierdan tantos puestos de trabajo de autónomos que son a su vez trabajadores y los mayores creadores de puestos de trabajo.
Por consiguiente, es preciso que se adopten medidas en todos los ámbitos de forma inminente con el objetivo único de ayudar de forma urgente a los autónomos y a las microempresas, para crear más empleo y reducir las elevadísimas tasas de desempleo que estamos viviendo en los últimos meses. La situación es excepcional, y lamentablemente necesitamos medidas excepcionales también en la legislación laboral.
Jesús Domingo Aragón. Director del Área Laboral de Ernst & Young Abogados
