Buen gobierno

Intermón y Fride presionan para mejorar la transparencia de la industria extractiva

Intermón Oxfam y la fundación Fride quieren una mayor implicación tanto de Repsol, Cepsa y Gas Natural como del Gobierno español en la iniciativa mundial ITIE para que la industria extractiva detalle los pagos que hacen a Gobiernos en los países en los que opera.

La semana que viene se celebra en Doha (Qatar) la conferencia mundial de los actores implicados en la iniciativa para la transparencia de la industria extractiva (ITIE, por sus siglas en inglés), impulsada por Reino Unido durante la Cumbre de Johannesburgo de 2002. Una iniciativa que busca que, por un lado, petroleras, gasistas y mineras detallen los pagos que hacen a Gobiernos e instituciones públicas en los países en los que operan en concepto de licitaciones, contratos, royalties o impuestos y, por otro, que los responsables de estos países expliquen sus ingresos por la explotación de los recursos naturales y la gestión pública que hacen de estas cantidades.

Coincidiendo con la conferencia, la ONG Intermón Oxfam y la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (Fride) intentan que las empresas españolas y el Gobierno se impliquen más en la ITIE para romper lo que llaman 'la maldición de los recursos'. Es decir, la que sufren países en vías de desarrollo y altamente dependientes de unos recursos naturales que, en vez de facilitar su crecimiento, lo entorpecen debido, por lo general, a prácticas corruptas.

'Según el Banco Mundial, en África los países sin recursos naturales crecen cuatro veces más que los ricos en materias primas', explica María Dolores López, responsable de la campaña en Intermón. En la misma línea, Belén Díaz, investigadora de Fride, recuerda que, por ejemplo, Guinea Ecuatorial cuenta con una renta per cápita de 16.000 dólares gracias al petróleo, 'mientras que, paradójicamente, la mayor parte de su población de 616.000 habitantes vive bajo el umbral de la pobreza'.

Por este motivo, ambas organizaciones creen que España y sus empresas deben dar un paso más en su compromiso por extender la transparencia de la industria, en especial en los países de su órbita de influencia. Las prioridades en este sentido son varias. Por la parte de las empresas, las organizaciones quieren que Repsol, la única compañía española en la ITIE (donde figuran otras 38 como Total, ArcelorMittal o Exxon), comience a hacer realidad su compromiso y detalle sus pagos. Además, pretenden que se adhieran Cepsa y Gas Natural. Desde la gasista catalana confirmaron que están estudiando esta posibilidad.

Por el lado del Gobierno, Intermón Oxfam y Fride buscan que España, que se unió a la ITIE en 2007, vaya más allá de la aportación económica al fondo multidonante (la segunda más importante, con 1,5 millones de euros). 'Es significativo que a Doha sólo llevemos un representante frente a los dos, por ejemplo, de Albania, que no está en la iniciativa', apunta López. Por eso reclaman al Ejecutivo que enfoque el proceso de la ITIE como parte integral de su política de cooperación al desarrollo, haciéndola valer sobre todo en sus áreas de influencia (Magreb, Latinoamérica, Guinea y Nigeria); que lidere una mesa multilateral (Administración, empresas, sociedad civil) que ofrezca estrategias al respecto; y que trate de entrar a lo largo de la actual legislatura en el consejo de la ITIE.

Leyes que obliguen a las empresas

Intermón Oxfam y Fride son conscientes de que la principal limitación de la ITIE es su carácter voluntario. Por eso quieren promover un cambio en la Ley del Mercado de Valores para que las empresas de la industria extractiva cotizadas en España estén obligadas a publicar sus pagos. CiU ha presentado en el Congreso una proposición no de ley que espera aprobar en breve por unanimidad y que insta a que se realicen cambios normativos en este sentido antes de 2011. En todo caso, si no se reforma la legislación, el Congreso de EE UU ya tiene sobre la mesa una propuesta legal vinculante para las empresas que cotizan en Nueva York, lo que de entrada ya afectaría, por ejemplo, a Repsol.