Cómo perder 60.000 millones en un año

Hace casi un año, el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, se presentaba ante los medios de comunicación plenamente satisfecho para dar cuenta de los datos de ejecución presupuestaria de 2007. El superávit fiscal conseguido, del 2,2% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas (Estado, Seguridad Social, comunidades y municipios) era el más alto en la historia de la democracia. Ahora, doce meses más tarde, el mismo protagonista ha presentado una estimación de las cuentas públicas de 2008 con un déficit del 3,4%, volviendo a los números rojos que había a finales de los años 90 cuando España aspiraba a ser socio fundador del euro. En sólo doce meses la Administraciones se han dejado por el camino 5,6 puntos de PIB, o lo que es lo mismo casi 60.000 millones de euros. ¿Cómo es posible tamaño agujero fiscal en tan poco tiempo?

La explicación es clara. La crisis, de un calado desconocido en 50 años, se ha llevado un buen tajo de los ingresos, al tiempo que la política económica del Ejecutivo y los estabilizadores automáticos han disparado los gastos en prestaciones sociales. Según el programa español de Estabilidad (2008-2011) que acaba de ser enviado a Bruselas, Solbes espera que 2008 se haya cerrado (no habrá datos oficiales cerrados hasta el próximo mes) con una caída de cuatro puntos en los ingresos públicos, que habrían pasado del 41% al 37% del PIB en un sólo ejercicio. La caída de la recaudación se debe a los menores ingresos por impuestos al reducirse la actividad económica además de los efectos de la última rebaja fiscal (sobre todo en el impuesto sociedades). Ello habría permitido una caída de la presión fiscal del 37,1 al 33,2% del PIB, más por efecto de la menor actividad que de la rebaja de impuestos a cada contribuyente.

Por otro lado, el gasto público se habría elevado del 38,8% al 40,4% del PIB, por encima de los 400.000 millones de euros, con cargo a mayores transferencias y prestaciones sociales.

Solbes no cree a Almunia

Lo peor de este último desfase en gastos es que amenaza con agrandarse aún más hasta límites insospechados. Las previsiones presentadas ayer por el comisario de Asuntos Monetarios, Joaquín Almunia, muestran que la tasa de paro podría llegar en España al 18,7% de la población activa, algo que significaría elevar el gasto público, sólo en prestaciones por desempleo, por encima de los 30.000 millones anuales.

Solbes rechazó ayer esta estimación de paro de Almunia al indicar que Bruselas sobrestima el efecto negativo del ajuste que se está produciendo en el sector inmobiliario español, al tiempo que aún no está contabilizado el 'efecto positivo' del plan de inversión local sobre la creación de empleo. Veremos quién tiene razón. Mientras el tiempo pasa, el consenso de los expertos ya ha avisado al Gobierno de que el estímulo fiscal, agotado según el propio Solbes, puede ser insuficiente para salir del atolladero. Es el momento, según las mismas fuentes, de más política económica a través de reformas estructurales de calado en el mercado laboral. Ello es reconocido por Solbes. La sensación que se tiene es que si no se actúa por esta vía con urgencia, es más probable que España encadene dos años de caídas de PIB y subidas del paro como estima el también socialista Almunia.