Salarios, subsidios y política de empleo
Los sindicatos de clase esbozaron ayer el núcleo de su acción reivindicativa para este año, que, aunque mantiene el hilo conductor con el de ejercicios pasados, estaba temporalmente en suspenso hasta que Comisiones Obreras asimilase el inesperado cambio de dirección del mes pasado. Dado que las condiciones económicas, laborales y fiscales de España han cambiado radicalmente en un año (recesión, destrucción masiva de empleo y abultado déficit público), los sindicatos han querido dejar constancia de los criterios que mantienen y de los que revisan, para que en el devenir de los meses ni la contraparte patronal ni el Gobierno se llamen a engaño.
Mantienen la moderación salarial en la negociación de los convenios, aunque expresada en unos términos diferentes. Demandarán avances nominales de salarios por encima de la inflación prevista, aunque sin agotar la productividad. Es decir, que las remuneraciones en convenio subirán entre un 2% y un 3%. Pero este es un ejercicio engañoso de contribuir a la moderación de las rentas salariales por varios motivos. En primer lugar, porque la inflación puede estar este año en el 1%, lo que convertirá a las subidas de sueldos en todo menos moderadas. Además, tratar de absorber parte de la productividad agregada, creada artificialmente por la destrucción real de empleo, encarecerá el coste del factor trabajo en términos microeconómicos. Y, por último, porque, cuando la moderación de los costes laborales ha sido uno de los principales instrumentos de creación de empleo, no parece de recibo abandonar tal criterio con unas demandas nada coherentes con una economía que destruye ocupación a mansalva.
Pero los sindicatos plantean tales cuestiones junto con una ampliación de la protección por desempleo, ante la avalancha de parados que se ha iniciado en el último trimestre de 2008 y que el propio secretario general de CC OO advierte que puede continuar hasta los cuatro millones de personas. Tomándole la palabra al presidente Zapatero, los sindicatos quieren ampliar los colectivos a proteger por el subsidio, especialmente entre los jóvenes, inmigrantes, parados de larga duración y los mayores de 45 años, tengan o no cargas familiares. Además, en un ejercicio en el que el coste de la protección puede superar los 30.000 millones de euros (el doble que en 2007), las centrales exigen, con discutible criterio, cambios en el trato fiscal de las indemnizaciones por despido y en las prestaciones, con el objetivo final de desfiscalizarlas.
Llama la atención que desde hace un año conociéramos casi al detalle el desempeño de la economía, porque tanto los empresarios como las instituciones internacionales y los servicios de estudios sindicales sensatos lo habían advertido, y a estas alturas no estén sentados sindicatos y patronal, con el propósito de no levantarse hasta hallar una solución para la economía que frene la sangría de empleo. En tal solución debe imperar la sensatez de unos salarios que atenúen la pérdida de empleo, así como unos mecanismos de contratación y rescisión ajustados a la flexibilidad que exige hoy la competencia mundial. Mientras tanto, el Gobierno debe poner su parte, con el respaldo normativo, a los pactos y removiendo los obstáculos rígidos en todos los mercados de bienes, servicios y factores.