Marsans ofrece al Gobierno argentino hacerse cargo de su contrato con Airbus para Aerolíneas
Marsans podría haber ofrecido al Gobierno argentino hacerse cargo de una parte del contrato que mantiene con Airbus para la provisión de aviones para Aerolíneas y Austral, a cambio de desistir del juicio iniciado ante el CIADI, el tribunal de controversias del Banco Mundial dependiente del Banco Mundial (BM), por la expropiación de la dos empresas, informa la prensa local.
Según el diario Crítica de la Argentina, los propietarios de Marsans habrían ofrecido al Gobierno argentino "hacerse cargo de una parte del contrato de provisión de aviones que el grupo firmó con Airbus, que incluía la entrega de más de 30 aviones para las dos aerolíneas nacionalizadas".
Fuentes cercanas a Marsans señalaron que el grupo trabaja para una salida "honrosa" que beneficie a ambas partes, por lo que es "lógico" que hasta la entrada en vigor de la aprobación de la Ley de expropiación de ambas aerolíneas se agote toda vía de negociación, entre la que podría figurar dicho contrato.
Marsans tiene firmado con el constructor europeo un contrato de compra de un total de 73 aviones (modelos 319, 320, 321, 330, 350 y 380) para sus controladas Air Comet y Aerolíneas-Austral, por un valor de 7.000 millones de dólares (5.016 millones de euros).
Los modelos 319, 320 y 321 se usarían para los vuelos domésticos de Aerolíneas-Austral, mientras que los de la serie 330 se destinarían a vuelos internacionales, si se llega a un acuerdo entre el Gobierno argentino y Marsans y Airbus acepta el cambio de comprador.
Según el diario citado, las negociaciones entre el Gobierno argentino y Marsans prosiguen entre Buenos Aires y Madrid, después de que el Parlamento argentino aprobara la expropiación de las dos empresas al grupo español.
Tras la expropiación, Marsans anunció el inicio de una demanda ante el CIADI contra el gobierno que preside Cristina Fernández por un total de 1.500 millones de dólares como reclamación, lo que incluye el valor de las dos compañías, más una indemnización por las pérdidas ocasionadas.
El Parlamento argentino justificó la expropiación de las dos empresas por el valor simbólico de un peso, tras la evaluación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que le adjudicó un valor negativo a las dos compañías debido a su situación financiera.