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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Coordinación y convergencia

La banca europea con implantación en varios países trabaja estos días en la elaboración de una propuesta común sobre cómo debe ser la supervisión financiera de su actividad transnacional. Y aunque llevan varios años en el intento, la reunión del G-20 del 16 de noviembre en Washington puso fecha a la reforma: el 31 de marzo. Ese día, la Comisión Europea tiene que haber decidido un nuevo sistema de control de la gran banca. Sin embargo, las prisas no han surtido de momento efecto y no hay una decisión clara sobre el futuro modelo.

Aunque hay distintas alternativas, se han barajado dos fórmulas. La primera es que cada grupo financiero se someta a la jurisdicción del banco central de su país de origen, denominado supervisor líder, que se responsabiliza de su control. En los países donde tenga presencia, el líder reportará a los bancos centrales el resultado de su investigación. La otra fórmula es crear una entidad supervisora única de la que colgarían los bancos centrales nacionales. Es decir, un BCE con funciones de supervisión. Ambas se encuentran con un fuerte rechazo, principalmente de los países que carecen de grandes grupos financieros y donde una gran parte de sus bancos son filiales de propiedad extranjera. En ambos casos, no se encaja bien la idea de ceder la supervisión de entidades que operan en sus fronteras.

Políticamente se puede entender este recelo. Económicamente es más dudoso, pues los bancos operan en un mundo global y ha quedado patente la necesidad de que sean supervisados también globalmente. El modelo que se elija -tanto a nivel europeo, como internacional- debe garantizar una absoluta coordinación que favorezca la convergencia de las normas que rigen la banca. Para ello, Gobiernos y bancos centrales deben asumir que tendrán que perder parcelas de poder y someterse a criterios internacionales. Además, es necesario homogeneizar los trámites administrativos que los bancos afrontan en cada país y que son completamente dispares. Ello redundará en más transparencia y, por tanto, en un control más eficiente.

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