Cataluña elude expropiar casas vacías un año después de aprobar la ley
Ultima un texto que determinará las áreas de mayor demanda de vivienda.
La polémica medida diseñada por la Generalitat para acabar con la desocupación de inmuebles en Cataluña, conocida como alquiler forzoso de pisos, arroja un pobre balance justo un año después de su aprobación por el Parlamento catalán. La Generalitat, que impulsó está propuesta para aumentar el parque de inmuebles en alquiler, asegura no haber detectado hasta la fecha ningún caso que le empuje a expropiar temporalmente una vivienda vacía en Cataluña, la última instancia que contempla la ley, según explicó un portavoz de la Consejería de Vivienda catalana. 'Es muy difícil poder determinar si un piso se halla o no desocupado'.
El rechazo que provocó el anuncio de la medida ha llevado al gobierno catalán a establecer nuevos criterios para emplear esta vía. Desde la Generalitat defienden que antes de optar por esta resolución, el propietario tendrá a su disposición todas las ayudas para incorporar el inmueble al mercado de alquiler. La última de las correcciones para suavizar el impacto de la ley es el impulso de un Plan Territorial Sectorial de Vivienda, todavía en fase de redacción, que marcará cuáles son las zonas de Cataluña que tienen mayor demanda de vivienda. En estas ubicaciones se circunscribiría la expropiación de casas. El Plan Territorial complementará así a la ley de Derecho a la Vivienda, que inició sus primeros trámites con el primer gobierno tripartito. El objetivo de la Generalitat es aprobar el decreto que regulará estas zonas en el primer trimestre de 2009.
El Gobierno catalán, no obstante, ha planteado el procedimiento para ejecutar la expropiación de pisos como una medida de lenta aplicación. Su secretaria de Vivienda y artífice de la ley catalana, Carme Trilla, ha manifestado en más de una ocasión que se trata de 'una medida extrema, que esperamos no utilizar nunca'. Una vez declarado el incumplimiento de la función social de la propiedad, el afectado tiene dos años para ofrecer su piso al mercado. Si la irregularidad permanece, la Generalitat está en condiciones de ejecutar la medida durante un máximo de cinco años.
Más compras de pisos a precio de coste para VPO
La Generalitat ha dejado la puerta abierta a reservar en 2009 una partida presupuestaria para comprar vivienda libre a precio de coste con el objetivo de convertirla posteriormente en viviendas de protección oficial.El Gobierno catalán anunció después del verano su intención de invertir 75 millones de euros en la compra de unas 500 viviendas, a un precio medio de 150.000 euros. El propósito de la medida era poner en el mercado un número de pisos que debido a la actual crisis económica y financiera tendrían difícil salida.El plan, que se está canalizando a través del Instituto Catalán del Suelo (Incasol), implica que la Consejería dirigida por Francesc Baltasar compre a las promotoras que operan en Cataluña inmuebles con descuentos cercanos al 50%, lo que le ha acarreado la oposición de entidades como la Asociación de Constructores y Promotores de Barcelona.