Unas vacaciones contables
El Gobierno acaba de dar un valioso balón de oxígeno a muchas compañías, inmobiliarias y concesionarias sobre todo, cuya supervivencia podía estar en el aire. El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó la suspensión de la obligación de presentar concurso de acreedores cuando el capital no cubra el desfase patrimonial, o de subsanar el desfase con una inyección de capital. Se pretende así evitar la desaparición de centenares de empresas, entre ellas las promotoras inmobiliarias, cuyo valor en los libros ha menguado por el derrumbe del valor de sus activos. Con la Ley Concursal en la mano, muchas tendrían obligatoriamente que presentar sus cuentas ante el juez. No obstante, el periodo de gracia del Gobierno se limita a dos años, tiempo que estima suficiente para que el mercado inmobiliario se recupere, los activos -suelo o inmuebles- recuperen valor y las compañías restituyan el equilibrio patrimonial.
La decisión se justifica por su excepcionalidad. El mercado prácticamente ha desaparecido y, con ello, cualquier posible valoración de los activos mínimamente coherente. ¿Cuánto cuesta un solar o un edificio si nadie está dispuesto a comprarlo? Por la dinámica mercantil de la oferta y la demanda podría llegar a cero. Sin embargo, la razón dicta que, cuando las aguas vuelvan a su cauce -y lo harán antes o después-, los activos recuperarán su valía. La situación concursal nació con la voluntad de ayudar a aquellas empresas que atraviesan dificultades económicas transitorias, pero que son viables a medio plazo. Sin embargo, más del 90% de las que entran en proceso judicial no sobreviven, según las encuestas, por lo que conviene evitar tal paso.
Pero la medida no puede convertirse en un pulmón artificial para sociedades cuya actividad se haya paralizado por completo, o tengan pocas posibilidades de supervivencia por sus propios medios: sólo se conseguiría retrasar lo inevitable y agravar las consecuencias de su quiebra. Es imprescindible que la decisión del Gobierno no se interprete como una mayor opacidad en los balances. Muy al contrario: aquellas empresas que estuviesen obligadas a hacer uso de estas vacaciones contables transitorias deben ofrecer en tal trance un plus de transparencia, y en cuyo ejercicio deben jugar un papel muy notable los auditores, que tienen que reflejar al máximo detalle cuantas salvedades aprecien, e incorporar en sus informes la situación patrimonial real, y los ejercicios financieros a los que cada empresa estuviera obligada para mantener el equilibrio, aunque fuese un mero ejercicio contable y societario teórico. De hecho, el Gobierno ha matizado ya que la medida se limita a suspender la obligación del concurso y en ningún caso implica cambios contables que permitan presentar las cuentas de forma diferente. No obstante, una vez más aflora el riesgo moral que supone tratar de forma discriminatoria a las compañías que en el mismo sector han estado bien gestionadas y han arriesgado lo correcto. Pero, a fin de cuentas, el riesgo moral se ha convertido ya en moneda de curso legal desde que afloró la crisis financiera. Se ha hecho desaparecer de un plumazo el riesgo intrínseco al sistema capitalista. Si es temporal, salva la vida a miles de empresas, el empleo a sus plantillas y el capital a sus acreedores. Bienvenida sea.