Las regiones exigen más recursos para aprobar el nuevo modelo de financiación
Los consejeros de Economía de Cataluña, Castilla y León, Asturias y La Rioja coincidieron ayer en que el nuevo modelo de financiación que se está negociando debe traducirse en un aumento de los recursos autonómicos. El consejero catalán fue el más crítico y definió el actual sistema como 'obsoleto, ineficaz e injusto'.
El debate sobre la financiación autonómica organizado ayer por la Caja de Burgos sirvió para constatar que las divisiones entre las comunidades son significativas, aunque hay un punto en común: todos los Gobiernos regionales consideran que precisan más dinero para hacer frente a sus gastos en sanidad y educación, entre otras competencias. 'No podemos ser la hermana pequeña del Estado', dijo la consejera de Castilla y León, María del Pilar del Olmo.
El primer borrador de reforma del modelo de financiación que presentó el Gobierno en julio ya establecía un aumento de los recursos para las comunidades, siempre y cuando existieran 'disponibilidades presupuestarias'. El consejero de La Rioja, Juan José Muñoz, puso en duda que el Gobierno central tenga ahora margen para 'poner más dinero sobre la mesa'.
De ahí, que algunas autonomías reconocieran ayer que quizás no sea éste el mejor momento para abordar la reforma, en plena crisis económica. El Ejecutivo presentará su segunda propuesta de financiación en los próximos días, aunque el acto celebrado ayer en la Universidad de Burgos sirvió para constatar que será difícil alcanzar un acuerdo multilateral en enero, tal y como desea el Ministerio de Economía.
Algunos territorios piden tener en cuenta la dispersión de la población
'La actual situación económica dificulta el consenso', sostuvo Jaime Rabanal, consejero de Economía de Asturias. Uno de los principales escollos es la propuesta catalana de limitar la solidaridad interterritorial a los servicios básicos del Estado del Bienestar (sanidad, educación y servicios sociales). Del Olmo rechazó este planteamiento y defendió que, independientemente de la comunidad, el Estado debe garantizar un nivel similar de prestación en 'todos los servicios'. Por el momento, el Gobierno central se inclina por la postura catalana, aunque incluye la justicia dentro de los servicios fundamentales que deben ser iguales para todos.
Por otra parte, la variable para determinar el reparto de recursos también divide a los consejeros. Mientras que Cataluña argumenta que la financiación autonómica debe pivotar sobre la población, Castilla y León y Asturias defienden que otros criterios como la dispersión geográfica o el porcentaje de población protegida deben tenerse también en consideración. Del Olmo sostiene que resulta mucho más caro prestar ciertos servicios en Castilla y León, donde hay un gran número de pequeños municipios muy alejados entre sí, que en regiones más pobladas.
En cualquier caso, el consejero catalán pidió 'valentía' para aprobar el nuevo modelo de financiación cuanto antes y recordó que el Estatuto catalán, 'que es una ley orgánica', contiene artículos relacionados con la financiación que no se están cumpliendo.
Por ejemplo, establece incrementar el porcentaje de cesión a las comunidades autónomas en IRPF e IVA hasta el 50%, cuando actualmente está en el 33% en el IRPF y en el 35% en IVA. Tanto las comunidades, como el Gobierno central, están de acuerdo en aplicar este aumento.
Menor gasto corriente
El Gabinete Técnico de Comisiones Obreras estima que los mayores problemas de financiación para las administraciones públicas se registrarán en 2010, como consecuencia del agravamiento de la crisis económica. De hecho, calcula que comunidades y ayuntamientos podrían tener entonces problemas para pagar sus gastos corrientes en sanidad o educación.