Detroit acepta la supervisión del Estado a cambio de ayudas
Bob Nardelli, consejero delegado de Chrysler, y sus homólogos en General Motos y Ford, Rick Wagoner y Alan Mulally, respectivamente, se comprometieron ayer a aceptar la supervisión de un consejo federal si reciben los 34.000 millones de dólares (unos 26.513 millones de euros) que han solicitado al Estado para evitar el hundimiento de sus empresas.
El compromiso fue arrancado por el senador demócrata Christopher Dodd, uno de los que más activamente está trabajando para que la industria del motor de Detroit reciba la asistencia urgente que demanda. Este órgano supervisor sería una figura muy similar a la que se usó a finales de los setenta para vigilar las ayudas a Chrysler.
GM ha pedido 4.000 millones de dólares antes de que acabe el año para poder seguir operando y mantenerse a flote. Adicionalmente, la empresa de Wagoner precisa unos 14.000 millones de dólares más en 2009 a través de préstamos puente. Chrysler, en una situación de urgencia similar, necesita unos 7.000 millones antes de fin de año. Ford, por su parte, está pidiendo un acceso a un préstamo de 9.000 millones que no usaría más que en caso de que el mercado se debilite aún más de lo que está.
Mark Zandy, economista de Moody's, testificó ayer a favor de estas ayudas porque compensaba la crisis económica que desataría la caída de estas empresas. No obstante, advirtió que este sector necesitaba más de lo que piden.
Los responsables de las automovilísticas se presentaron ayer con un plan completo para rediseñar su modelo de negocio y con una actitud más humilde que cuando testificaron el mes pasado. Así, aunque dijeron que la culpa de su situación es de la actual crisis que ha secado el crédito y el consumo, admitieron que han cometido errores en su gestión. Mulally admitió que el slogan de Ford -nosotros fabricamos y ellos vienen a comprar- no funciona.
Las automovilísticas especificaron que la ayuda que necesitan es temporal y que las empresas renovadas que salgan de esta crisis serán capaces de devolver este dinero en los primeros años de la próxima década. Sus planes de negocio pasan por una drástica reducción de empleo, producción y marcas.
El sindicato, UAW, se comprometió el miércoles a abrir el convenio y renunciar a muchos de los derechos amparados en él. Ron Gettelfinger, presidente de la UAW, advirtió ayer que la bancarrota controlada, no es un escenario viable para ninguna de estas empresas.
Dodd está intentando que el dinero para el rescate de Detroit salga del TARP, el plan de salvamento para la banca, algo a lo que la Casa Blanca y el Tesoro se niegan. Ayer no estaba claro que la concesión de la ayuda fuera fácil de conseguir. Los demócratas esperan poder votar sobre ello la semana que viene y conseguir votos, que aún no tienen, para que salga adelante.