Colocación y acceso al empleo
Asistimos a un hundimiento espectacular del mercado laboral ante el cual algunos pretenden que la orquesta siga tocando, mientras buscan afanosamente comparaciones estadísticas que permitan decir que no es para tanto, y otros insisten en que lo que hay que hacer es potenciar la fabricación de botes y chalecos salvavidas, pero mantener el diseño y la estructura de las naves y los mismos instrumentos de navegación. Aunque los barcos sigan naufragando, no hay que cambiar nada; todo se soluciona preparando y financiando más medios de salvamento. Ya vendrá el buen tiempo y desaparecerán los icebergs.
Si la situación social no empezase a tener tintes trágicos, podría resultar hasta entretenida la representación. Pero cada día miles de personas y de familias caen en la inseguridad, en la desconfianza, en la desesperación y es inadmisible que quienes tienen responsabilidades políticas y sindicales consideren que eso deriva de no se sabe bien qué extraña maldición y que no cabe otra cosa que la resignación y los remedios paliativos. No puede existir ya ninguna excusa para la inactividad. El Gobierno tiene que tomar decisiones, saliendo del burladero del consenso social, y las fuerzas políticas y las organizaciones empresariales y sindicales tienen que colaborar en todo lo que resulte necesario para atajar esta sangría.
En particular, no podemos permitir que el bienestar de los ciudadanos y el progreso social se sacrifiquen, por muchas ínfulas de progresismo que se empleen en ello, a la intangibilidad de principios que se han considerado durante mucho tiempo sagrados en determinados planteamientos políticos y sindicales.
Y ello se manifiesta, de una forma especialmente aguda, en lo que se refiere al acceso al empleo y a los procedimientos de colocación. Dejando aparte en este momento el gran tema de las reformas precisas en nuestro mercado de trabajo y en la negociación colectiva, prestemos atención a los problemas de la intermediación en el mercado laboral.
A pesar de la crisis y de la destrucción de empleo, existen todavía numerosas oportunidades de empleo en el mercado y una mejora en el funcionamiento de los mecanismos de intermediación permitiría aprovechar muchas de ellas. Hay puestos de trabajo que se destruyen, ciertamente, pero hay muchos puestos de trabajo que se quedan sin cubrir o se cubren tardía o inadecuadamente. Y en esa situación resulta determinante el monopolio de los servicios públicos de empleo. A pesar del esfuerzo de modernización de los mismos en los últimos años, la tasa de intermediación no consigue superar la barrera del 10%. En menos de diez de cada cien contrataciones laborales, la mediación de los servicios públicos de empleo es relevante.
Ciertamente, podría plantearse un incremento de las dotaciones de tales servicios, con más centros de atención y más funcionarios. Pero, aparte de las limitaciones presupuestarias impuestas por la coyuntura, sobre todo teniendo en cuenta que el esfuerzo tendría que ser ingente, no está asegurada por esa vía una mayor eficiencia o, en todo caso, un aumento de la eficiencia proporcional al incremento del esfuerzo presupuestario.
En cambio, si somos capaces de romper el tabú del monopolio público y de la gratuidad de los servicios de empleo, dando entrada en la intermediación laboral a entidades privadas con ánimo de lucro, que colaborasen con los citados servicios, podríamos duplicar la red de oficinas existentes.
Los servicios públicos cuentan en la actualidad con menos de 800 oficinas. Si estableciésemos un modelo de empresas de trabajo temporal que, respetando determinados requisitos, pudiesen convertirse en empresas de empleo, colaborando con los servicios públicos en el procedimiento de colocación, duplicaríamos, de un solo golpe, la infraestructura para la atención de ciudadanos y empresarios, sin coste alguno para la Administración y con una elevada tasa de eficiencia en la intermediación real
La conversión en empresas de empleo supondría hacer un uso más eficiente de un instrumento cada vez más importante en los mercados de trabajo como es el de las empresas de trabajo temporal. Se trataría de que éstas pudiesen no sólo suministrar trabajadores temporales, para atender a las necesidades también temporales de las empresas, sino también formar y seleccionar trabajadores para su contratación directa por las mismas, normalmente por tiempo indefinido. Lógicamente se trataría de una actividad con ánimo de lucro, por lo que se desarrollaría mediando el abono, por parte de las empresas, no de los trabajadores, de las cantidades económicas correspondientes.
No es que con esto se vaya a crear empleo directamente, pero el mercado de trabajo se dinamizaría, se haría más ágil el paso de un empleo a otro, reduciendo la estancia en el desempleo, y podrían cubrirse muchos puestos de trabajo que tropiezan en la actualidad con grandes dificultades para ello. La creación de las empresas de empleo, con un régimen jurídico adecuado, en el que hay que suprimir sectores prohibidos y limitaciones como las actualmente impuestas a las ETT (en la construcción, en la sanidad, en la contratación con Administraciones públicas), y anular los sobrecostes padecidos por las mismas, abriendo la colaboración con los servicios públicos, tendría efectos positivos inmediatos sobre el empleo y sería una señal de modernización de nuestro mercado de trabajo.
No nos resignemos ni nos dejemos engañar por el resplandor de esos viejos principios, como el monopolio público de ciertos servicios, que no puede ocultar que, como muchas estrellas, murieron hace ya muchos años.
Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues