Colonial somete hoy a la junta la retribución de sus administradores
Los accionistas de Colonial están llamados hoy a participar en la junta de la inmobiliaria en la que se someterá a su aprobación la retribución de su presidente y consejero delegado, así como una emisión de obligaciones convertibles en acciones por un importe total de 1.400 millones de euros.
Tras el cambio en el control de la compañía -15 entidades financieras tomaron el 24,58% de Colonial el pasado mes de abril al ejecutar garantías de su anterior primer accionista, Luis Portillo- los actuales administradores tratan de modificar la política de retribuciones y dejar sin efecto anteriores acuerdos salariales para eludir así el pago de blindajes reclamados por los anteriores consejeros. Mariano Miguel, ex consejero delegado y presidente de Colonial, y otros cuatro ex ejecutivos de la inmobiliaria, reclaman a la compañía 23,2 millones de euros por indemnizaciones.
A la junta de accionistas se someterá hoy a votación una retribución adicional al presidente, Juan José Brugera, y al consejero delegado, Pedro Viñolas. El segundo recibiría un salario fijo anual de hasta 520.000 euros y 1,5 millones si cesara en su cargo antes del 30 de junio de 2009. El presidente tiene una retribución fija anual de 300.000 euros y 0,9 millones en caso de dejar el puesto antes del 30 de junio del próximo año.
Además, ambos percibirán una retribución adicional referenciada al valor de las acciones de Colonial. Y la compañía contratará una póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra toda responsabilidad de cualquier orden por actos y conductas de ambos.
La empresa explica que estas medidas se pretenden tomar 'procurando que dicha retribución sea moderada en función de la situación de la compañía y las exigencias del mercado en el actual contexto socioeconómico'.
Emisión y venta de Riofisa
A la junta de accionistas se someterá también a aprobación de una emisión de obligaciones convertibles en acciones por un importe total de 1.400 millones de euros. La operación forma parte de los compromisos adquiridos por la inmobiliaria con sus bancos en el acuerdo de refinanciación de su deuda. Entre esos compromisos se encuentra también la revocación del acuerdo de fusión con Riofisa, adquirida por Portillo por 2.000 millones a principios de 2007, para facilitar así la anunciada venta de esta empresa.