Españolidad no significa ser español
La ceremonia de la confusión vuelve a reinar en torno a Repsol. Tras los ríos de tinta vertidos sobre la falsa operación de Gazprom anunciada la semana pasada por el viceprimer ministro ruso, Alexander Zhukov, y que no fue desmentida hasta pasados dos días, surge ahora como cierta la oferta por el 30% de Repsol de otra rusa, Lukoil, que se remonta al pasado mes de septiembre y que estaría a punto de cerrarse.
Una operación, señalan fuentes conocedoras de la misma, en la que han tomado la iniciativa el propio presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el segundo accionista, La Caixa, deseosos de tender un puente de plata a un accionista de alto riesgo financiero como Sacyr Vallehermoso. '¿Quién si no los ejecutivos de la petrolera conocen bien el mercado de Rusia, donde trabaja y mantiene acuerdos?', señalan las mismas fuentes.
Aunque el presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, puso en venta el paquete del 20% en Repsol hace varios meses, existe el convencimiento de que 'ha estado arrastrando los pies intentando salvar este paquete con la venta exclusiva de Itínere', indican fuentes empresariales. Sólo recientemente, las presiones del consejo de la constructora, y su complicada situación de apalancamiento financiero, han empujado a Rivero a buscar una salida definitiva de la mano de Brufau.
æpermil;ste ha encontrado un socio que tiene la virtud de no estar en manos públicas (es la empresa más privada de las rusas y la que más se acerca al modelo occidental de petrolera) y la que podría garantizar la españolidad que tanto ansía el Gobierno. Españolidad que, como bien precisan en el sector, no se garantiza necesariamente 'siendo español'. Además, una vez que la crisis económica ha agotado la vía de las constructoras como tabla de salvación de las energéticas, inversores españoles para adquirir un 20% o un 30% de Repsol no quedan.
Por otro lado, según los acuerdos preliminares de la operación, el grupo ruso está dispuesto a facilitar una solución para Gas Natural-Unión Fenosa (cediendo el control que tiene Repsol en estas dos empresas reguladas) y a no ejercer el control ejecutivo en la propia petrolera (quizá, durante un tiempo). Algo parecido al modelo implantado por la francesa Total en Cepsa, en la que entró hace más de 20 años (ahora tiene el 48%) y en la que ha convivido con accionistas españoles sin que nada haya cambiado.
La tenue resistencia manifestada ayer por el Gobierno a una operación sobre la que tiene detalles desde el primer momento, apunta a que los accionistas han puesto contra las cuerdas al equipo de Zapatero: o se acepta la oferta de Lukoil (otro grupo en liza hasta el final ha sido, precisamente, Total) o Sacyr podría caer en un abismo financiero arrastrando a la propia Repsol; a los bancos que financian su participación en ésta y a Gas Natural, que se encuentra en pleno proceso de integración de Fenosa.
Al menos, así lo han entendido desde Moncloa, el presidente del Gobierno y la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Economía, Pedro Solbes. Zapatero declaró ayer que Repsol debe mantener 'la bandera española', sin apelar a ningún socio español y consideró que se trata de una operación en el libre mercado. También sorprendió el no comment de Pedro Solbes, quien, sin embargo, la semana pasada dijo que le 'chirriaba' el que una empresa pública extranjera (en referencia a Gazprom) entrara en el capital de una española privatizada, como Repsol.
Sin embargo, en el ámbito de la operación se aprecian dos sensibilidades: por un lado, la de Moncloa y Economía, proclives a aceptar la solución rusa como el menor de los males, y, por otra, la del ministro de Industria, que no la acepta. A Sebastián se le atribuye el freno de un acuerdo que estaba encima de la mesa a finales de septiembre. Por entonces, el titular de Industria dijo que 'prefería' un socio español para Repsol, aunque, matizó que 'una cosa es preferir y otra intervenir'. A la oposición de Sebastián se ha llegado a atribuir la filtración de una noticia que podría desbaratar la operación por las reacciones adversas de la opinión pública.
Uno de los misterios sigue siendo la oferta de Lukoil. Si ésta pagara a Sacyr lo que solicita por el 20%: los 26,7 euros por acción que pagó en su día, supondría una fuerte prima (ayer cerró a 13,6 euros) difícil de justificar para el resto de los accionistas minoritarios (y para la propia CNMV) si no se produce una opa.
A Sacyr y La Caixa se han sumado otros accionistas, como Mutua Madrileña, que tiene un 2% y compró a 25 euros, hasta rozar el 30% que obligaría al comprador a lanzar una oferta pública.