Industria crea otra tarifa social ligada a la renta, que financiarán las eléctricas
La tarifa social aprobada por el Gobierno en julio va a desaparecer antes de echar a andar. En el nuevo sistema de tarifas de último recurso se obligará a las eléctricas a hacer descuentos a los consumidores de rentas bajas y con potencia contratada inferior a 4,4 kW.
El 1 de julio de 2009 el sistema de tarifas integrales de que han disfrutado varias generaciones de españoles pasará a la historia. Este modelo será sustituido por el de las tarifas de último recurso (TUR) para la energía que suministrarán, a un precio máximo regulado, los comercializadores del mismo nombre (las cinco grandes eléctricas). Tendrán derecho a esta tarifa los consumidores con una potencia contratada inferior a 15 kW, que, aunque suman más de 25 millones, sólo suponen un 30% del consumo.
Además, en este nuevo sistema el Gobierno ha decidido crear una tarifa social que, por primera vez, se aplicará en función de la renta de los ciudadanos. La tarifa social vigente está ligada sólo al consumo (para potencia inferior a 3 kW), es de reciente creación (fue aprobada en junio por el actual titular de Industria, Miguel Sebastián) y apenas ha tenido aceptación: hasta ahora, sólo se han producido 40.000 solicitudes sobre los 400.000 potenciales beneficiarios.
La tarifa es, según una disposición adicional del borrador de real decreto sobre la TUR, 'una compensación económica que los comercializadores de último recurso deberán aplicar a los consumidores que por sus características de consumo y poder adquisitivo se determine'. La capacidad de tal decisión es del titular de Industria, que fijará la bonificación a través de una orden ministerial. Fuentes del sector aseguran que el límite de potencia para acceder a esta tarifa será de 4,4 kW.
Además de estar ligada a la renta, la gran novedad de la futura tarifa social es que la pagarán las compañías eléctricas. Se trata de un sistema similar al que existe en Reino Unido, donde las empresas (tal es el caso de la filial de Iberdrola Scottish Power) tienen que provisionar fondos para los descuentos que deben hacer a los consumidores sociales que determine el regulador energético.
Paga el sector
La decisión de que la compensación se cargue contra la cuenta de resultados de las empresas (la actual tarifa social la pagan los propios consumidores en el recibo) ha creado un gran revuelo entre las empresas afectadas. De hecho, la medida está encima de la mesa de las negociaciones que Industria mantiene con el sector para buscar una solución al déficit de tarifa, cuyo montante superará este año los 14.000 millones de euros. Con todo, en 2009 la actual tarifa social sólo costará al sistema 10 millones .
Esta es una de las razones por la cual, según fuentes del sector que participan en dichas negociaciones, el Gobierno ha decidido otorgar el papel de suministrador de último recurso sólo a los cinco grandes grupos eléctricos, lo que deja a las 350 pequeñas distribuidoras que hay en España sin clientes. æpermil;stas sólo mantendrán sus redes, pero no podrán suministrar en el mercado de precio regulado.
El real decreto sobre la TUR reconoce, asimismo, un déficit de tarifa de las actividades reguladas en 2006 de 2.258 millones, restada la minoración de los ingresos extras por el C02. Esta cuantía se pagará en 15 años con unos intereses anuales aplicando el euríbor a tres meses de la cotización media de noviembre de 2005. Los titulares del derecho de cobro (las grandes eléctricas) los podrán ceder a terceros notificándolo antes a la CNE.
Las compañías piden subidas del 30%
La Comisión de la Energía se ha quedado corta en su propuesta de subida de las actuales tarifas en un 31% para enero, según las empresas eléctricas integradas en Unesa. Estas calculan que el incremento de la tarifa debería llegar al 40% si el Gobierno quiere evitar un nuevo déficit de tarifa.Fuentes empresariales afirman que parte de la diferencia de este incremento que calculan las eléctricas (un 10%) se debe al impacto de la energía fotovoltaica, que el regulador no ha medido correctamente. Hace un año, este tipo de plantas (las instaladas antes del pasado 30 de septiembre están fuertemente primadas) sumaban una potencia de poco más de 300 MW y sólo en un año han pasado a 3.400 MW. Esto ha supuesto duplicar el coste en la tarifa, que se incrementará en mil millones en 2009 sólo por la fotovoltaica, añaden las mismas fuentes.El consejo de la CNE aprueba hoy el informe sobre la inspección de estas plantas que, según adelantó CincoDías, concluye que la mitad de las investigadas registran anomalías.