Fomento pagará 562 millones por renovar las autovías antiguas
Una de las particularidades que caracteriza al plan de renovación de las autovías más antiguas es que, como las constructoras adelantan la inversión necesaria, cada año percibirán de Fomento un canon por las obras realizadas y los servicios complementarios que presten a los usuarios de las vías. Hasta 2012 cobrarán 562 millones.
El plan de renovación de las autovías más antiguas está pensado como el gran proyecto inversor del Ministerio de Fomento de los próximos años, no sólo por la cuantía de recursos que prevé movilizar (más de 5.000 millones de euros en total), sino por la novedosa fórmula de financiación, basada en una modalidad muy sofisticada del peaje en sombra. Es más, del éxito de esta iniciativa dependerá que en el futuro se pongan en marcha más infraestructuras con este sistema. El departamento que dirige Magdalena Álvarez ha adjudicado ya 10 tramos de los 16 con los que cuenta el plan en total y los seis restantes tiene previsto licitarlos en muy breve plazo como antídoto para combatir la parálisis del sector constructor, tal y como adelantó CincoDías.
El coste total de llevar a cabo las obras de mejora en los mencionados 10 trayectos asciende a 3.243 millones de euros. Como en las autopistas de peaje tradicional, aquí son las empresas adjudicatarias quienes deben adelantar esa financiación. A cambio, se garantizan la explotación de la vía por un plazo de 19 años y el cobro cada ejercicio de un canon que paga la administración, nunca el usuario, en función de una serie de parámetros, como la calidad de la infraestructura y los servicios que prestan, por ejemplo, en caso de accidente.
Por ello, el Ministerio de Fomento ha tenido que presupuestar año a año las cantidades que deberá pagar a cada concesionaria (ver ilustración). Según ha podido saber este periódico con la información disponible en el proyecto de ley de Presupuestos de 2009, la suma de esas anualidades hasta 2012 alcanza los 562 millones de euros.
Cuando culmine la adjudicación de los seis tramos que restan, el Ministerio deberá volver a presupuestar las cantidades a pagar a cada concesionaria año tras año. Los defensores de la colaboración público-privada sostienen que con este mecanismo se logra obtener infraestructuras muy costosas antes que si se hicieran a la manera tradicional, ya que las administraciones han visto cómo en los últimos años se recortaban los fondos que recibían de la UE. Como las empresas privadas que participan en estos programas asumen parte del riesgo que conlleva gestionar las vías, Bruselas permite que el cómputo del coste de cada obra se reparta en varios ejercicios presupuestarios, evitando así el deterioro de las cuentas públicas.
Bajas temerarias
No obstante, los precios de adjudicación de los 10 tramos ya en marcha registraron una baja de hasta el 49% sobre el precio al que salieron a concurso, por lo que Fomento se enfrenta ahora a un problema muy serio con algunas de las concesionarias que obtuvieron dichos proyectos a las que ha abierto expedientes sancionadores. Las empresas se quejan de que el Ministerio pretende introducir modificaciones sobre lo acordado en las ofertas presentadas, lo que encarece los trabajos. Desde Fomento argumentan, por el contrario, que las constructoras expedientadas han incurrido en un grave incumplimiento del contrato, por no presentar el proyecto en plazo y esto, de momento, ha retrasado el inicio de las obras, que deberían culminar en 2011. El relevo en la Dirección General de Carreteras del Ministerio, que desde finales de octubre ostenta Aureliano López en sustitución de Francisco Criado, pretende solucionar este desencuentro lo antes posible para poder cerrar el conflicto antes de final de año y comenzar los trabajos inmediatamente después.
Entretanto, las empresas presionan para que esta situación no vuelva a repetirse en los concursos que faltan por licitar. 'El principal error fue aceptar bajas del 49%, sin duda temerarias, en un proyecto tan complicado, a tan largo plazo y que nunca antes se ha puesto en marcha en España', aseguran fuentes del sector. Las compañías recuerdan que los pliegos de estas concesiones no permiten introducir cambios en los precios de los trabajos a realizar, (los temidos modificados o desviaciones del presupuesto de inversión) como sí ocurre en las obras licitadas a la manera tradicional. Por ello, advierten que dada la actual crisis financiera, cualquier intento de modificar el contrato mermará la rentabilidad y el atractivo de estos proyectos.
El papel del ICO en las infraestructuras
La Asociación Foro PPP Infraestructuras, que engloba a constructoras, concesionarias, entidades financieras y algunos de los mejores bufetes de abogados del país, reclama al Gobierno, y en especial al Ministerio de Fomento, más coordinación entre todas las administraciones para desarrollar más proyectos justo ahora que la actividad constructora se encuentra bajo mínimos. Entre las dificultades con que se topan para poner en marcha sus inversiones destaca la falta de financiación, por lo que también pidieron que si no se soluciona a corto plazo la escasez de crédito, intervenga el ICO.Asimismo, exigen una agilización de todas las obras pendientes del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), trasladar las fórmulas de colaboración público-privada a otra clase de equipamientos como los polideportivos, los juzgados o los colegios; y apostar por ambiciosos planes de rehabilitación de viviendas y obras hidráulicas.