Un gasto sanitario más racional
El gasto farmacéutico de las Administraciones autonómicas se ha disparado un 7% en los nueve primeros meses del ejercicio y el año podría cerrar por encima del 8% si no se pone remedio. El alza ha cogido por sorpresa a los responsables sanitarios, que confiaban en que los recortes en marzo de un 20% en el precio de los medicamentos incluidos en el sistema de referencia (más de diez años de antigüedad y que tengan un genérico en el mercado) rebajarían los costes. De hecho, el Ministerio de Sanidad y Consumo pronosticó a principios de año un ahorro de 117 millones para el conjunto del sistema. Sin embargo, todas las comunidades tendrán aumentos y algunas -Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía- incrementarán sus facturas en al menos 120 millones.
Si en circunstancias financieras favorables no se deben permitir tales desvíos en el gasto sanitario, mucho menos en la situación económica actual -el Banco de España calcula que el crecimiento del PIB del tercer trimestre está en tasas negativas-. Las Administraciones están mermando sus ingresos a ritmos preocupantes, con una disminución en la recaudación en la mayoría de los impuestos estatales, autonómicos y locales. Y a la caída de ingresos se suma un aumento de algunas partidas de gastos ligadas a los estabilizadores económicos -desempleo-, pero también a infraestructuras o a los gastos de la deuda. Con estas perspectivas, no sólo es urgente, sino imprescindible, que las Administraciones apliquen planes de contención del gasto para reducir al máximo sus déficits presupuestarios en los que con seguridad van a incurrir. Por eso, es preocupante que se haya producido un aumento tan fuerte en el gasto farmacéutico.
Dos son las causas que lo han motivado: el mayor número de recetas y el aumento del coste unitario. El primero es previsible, pues la inmigración ha disparado la población asistida y el envejecimiento deviene en más necesidad de asistencia per cápita. El segundo se explica, aunque no se justifica, en que las farmacéuticas sacan al mercado nuevos productos, más caros, que en algunos casos pretenden competir con los genéricos. Y en muchas ocasiones, son éstos los que recetan los médicos. La investigación en nuevos medicamentos es necesaria, de ella dependen la cuenta de resultados de las farmacéuticas y, sobre todo, la salud de la población hoy y en el futuro.
Sin embargo, no siempre se justifica el uso de determinados medicamentos más caros que no aportan un principio activo mucho más eficaz que los que ya están en el mercado. Los médicos son los responsables últimos del fármaco que recetan y a ellos hay que pedir responsabilidad. Se viene insistiendo sobre ello hace ya muchos años. Pero le corresponde a las Administraciones autonómicas -que en definitiva corren con los gastos- velar por que no se haga un uso indebido de la libertad de prescripción. E, igualmente, corresponde a las Administraciones concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de racionalizar el coste sanitario. Se deben buscar activamente fórmulas de copago que contribuyan a un uso más racional del medicamento, puesto que es el mecanismo más directo de ligar la necesidad auténtica de consumir productos y servicios sanitarios con su verdadero coste.