EDITORIAL

La reforma de la Seguridad Social

El equilibrio financiero de la Seguridad Social está garantizado hasta el año 2023, y hasta 2029 si se utiliza el Fondo de Reserva, según el Informe sobre Estrategia Nacional de Pensiones presentado ayer por el Ministerio de Trabajo, que debe ser remitido a la UE. La tranquilidad sobre la solidez del sistema se alarga ocho años respecto al anterior informe de 2005. Esta mejora se debe, según el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, al crecimiento económico de los últimos años, con la consiguiente creación de empleo, las reformas realizadas en la Seguridad Social y a una gestión más eficiente. Sin embargo, el Gobierno recuerda que el envejecimiento de la población acabará provocando -antes o después- que los ingresos no sean suficientes para cubrir los gastos. Y el superávit que se ha venido disfrutando en los últimos años daría paso en 2029 al déficit estructural.

Por tranquilizador que sea saber que en 20 años la Seguridad Social tendrá sus cuentas saneadas, sería por tanto un gravísimo error que los políticos cayesen en la complacencia y demorasen la puesta en marcha de las medidas que garanticen que en 2029 el sistema continuará en equilibrio. Es alentador, en este sentido, que el Gobierno haya convocado para el mes que viene la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Hace dos años se abordaron algunas modificaciones del sistema, que han contribuido a su mejora. Pero hay que recordar que aquel gran acuerdo político se firmó en 1997 y ya entonces se establecieron los grandes ejes de la reforma. Sin embargo, una década después están pendientes los cambios normativos que los desarrollen.

Al Ejecutivo le corresponde, además de reactivar el Pacto de Toledo, garantizar que la reunión no se queda en mero trámite, sino que abra un nuevo periodo de negociación cuyo objetivo sea cerrar un gran acuerdo de reforma de la Seguridad Social. No valdrá con pequeños retoques de nuevo. Para ello, es imprescindible que tanto el partido en el Gobierno como el Partido Popular -los que previsiblemente estarán en el poder los próximos 30 años- trabajen hacia un modelo consensuado garantizándole continuidad. Y asegurar su aprobación.

Las reformas implicarán seguramente decisiones impopulares, como alargar los periodos de vida laboral que computen en el cálculo de la pensión -lo que puede dar lugar a pensiones más bajas para muchos trabajadores- o acercar la edad real de jubilación -hoy en 63,5 años- a los 65 años de edad legal. Disponer de un margen temporal más largo gracias a la solidez financiera ha de servir para que la llegada de las imprescindibles reformas se haga de manera escalonada para minimizar los efectos negativos. Pero nada más.

El fin último de la reforma es garantizar la solidez financiera de la Seguridad Social. Aunque también puede servir para mejorar el entorno laboral que facilite la creación de empleo. En este sentido, tampoco es imprescindible que continúe arrojando año tras año los abultados superávits y que el Fondo de Garantía siga creciendo sin límite. Salvada la eficiencia económica, tiene que plantearse la rebaja de las cuotas para inyectar más liquidez a las empresas.