Menos trabas al sector servicios
El Gobierno va a reducir las trabas administrativas que vienen padeciendo las empresas de servicios que quieren operar o instalarse en España. Sean nacionales o comunitarias. A tal fin, el Consejo de Ministros aprobó el viernes el anteproyecto de ley que transpone la Directiva de Servicios, conocida como directiva Bolkestein, por el ex comisario europeo que la gestó. Es, sin duda, un avance que debe contribuir a reducir el exceso de burocracia. Para ello elimina algunos de los trámites administrativos y aprueba sistemas para una tramitación más ágil, barata y rápida. Es un objetivo demandado largamente por el sector productivo, que se queja de que la saturación de exigencias administrativas supone en la práctica un freno para la creación de empresas.
Las autorizaciones previas administrativas que se exigen actualmente para abrir determinados establecimientos es, quizá, la principal traba que desaparece. La ley acaba así con las restricciones a la libertad de establecimiento que sufren especialmente los centros comerciales, sometidos a una doble autorización: local y autonómica. Esta última, la conocida como segunda licencia, quedará abolida. Se termina con muchos años de fuerte polémica por la actuación de algunas comunidades autónomas, que dificultan la apertura de nuevos establecimientos. No obstante, se podrá exigir el cumplimiento de requisitos -debidamente justificados- por razones de salud pública, protección del medio ambiente, orden público y seguridad.
La ley se ha de convertir, pues, en una herramienta decisiva para incitar a que nuevas empresas de servicios surjan en España. Pero, además, abrirá las puertas a que puedan venir, de forma temporal, empresas comunitarias para trabajos puntuales. æpermil;ste es el espíritu de la directiva Bolkestein, que finalmente se aprobó con las garantías suficientes para evitar el dumping social. Pero habrá que esperar a conocer el desarrollo de la norma y, sobre todo, la aplicación que harán las comunidades autónomas que tienen transferidas muchas de las competencias que la ley regula. Para evitar caer en una competencia desleal entre regiones, es preciso que se establezcan bien los mínimos exigibles y se acoten al máximo las posibles diferencias.
Si finalmente el espíritu liberalizador de la ley cuaja, la competencia aumentará en determinadas actividades, lo que redundará en unos servicios más competitivos, de más calidad y a mejor precio. El vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, insistió el viernes en las bondades de la ley para rebajar el IPC. Algunos de los sectores que regula -comercio, turismo o servicios de reparaciones- se encuentran entre los más inflacionistas. Facilitar la entrada de nuevos competidores en estos mercados será determinante para conseguir reducir el diferencial de inflación, que separa a España en un punto de la media europea. Eso redundará también en la mejora de la competitividad de muchas empresas españolas, que ahorrarán en algunos de sus costes. También ganarán los consumidores, que recibirán mejores servicios y más baratos. No obstante, la nueva ley se limita a sectores muy determinados y el Gobierno debe poner el foco en los que quedan fuera, entre otros el energético o los transportes.