¿'Quo vadis', seguridad jurídica?
Desde el principio de los tiempos, desde que el hombre es hombre y, como tal, comenzó a relacionarse con sus semejantes instaurando las primitivas formas de civilización, se vio en la necesidad de establecer unas normas, unas reglas de juego que rigieran esa convivencia. Así, en aquella fase primigenia, la regulación intentaba proteger aspectos básicos tales como la propia vida y las incipientes manifestaciones de propiedad privada.
Evidentemente el hombre -y, con él, la sociedad- ha cambiado mucho desde entonces, generándose relaciones más complejas que, a su vez, han traído consigo nuevos intereses dignos de protección y regulación. En esencia, lo que la sociedad (las personas, sus intereses, el mercado ) demanda es que las normas -las reglas de juego- sean claras, que perduren y, evidentemente, que se apliquen. Eso, nada más y nada menos que eso, es lo que conocemos como la seguridad jurídica, y le atribuimos tal relevancia que la propia Constitución se autoproclama como su garante.
Como se expuso en el I Encuentro Aedaf, lamentablemente vivimos malos tiempos para la seguridad jurídica en general y más en concreto para la relativa a los aspectos tributarios en particular. Aun a riesgo de incurrir en injustas generalizaciones, parece que ha sido una confluencia de diversas circunstancias la que nos ha llevado a una situación ciertamente grave: una multitud y variedad de normas que pueden generar confusión; una Administración, a veces, considerablemente exigente con los contribuyentes cumplidores de sus obligaciones tributarias; y una justicia lenta y falta del deseable grado de especialización en la materia que le toca analizar.
El panorama ciertamente es desolador. Las normas -llamadas a permanecer para dar estabilidad al sistema- cobran vida y mutan de año en año (o de mes en mes) sin tiempo para asentarse y crear la necesaria y sosegada interpretación. El contribuyente -desvalido- busca el cobijo de los órganos económico-administrativos que, pese a su probada solvencia técnica, carecen de la necesaria independencia.
Y finalmente queda el clavo ardiendo de la justicia que, además de su crónica falta de especialización, sufre el síndrome de la globalización: nuestro ordenamiento, a diferencia de los de tradición anglosajona, no le atribuye a la jurisprudencia la condición de fuente del Derecho sino de complemento de éste con su reiterada interpretación y aplicación del mismo. Sin embargo, se observa una preocupante tendencia judicial a la reinterpretación de las normas, a reescribir su texto al amparo de supuestas argumentaciones que difícilmente encuentran su apoyo en la redacción legal. Es ésta otra de las patologías actuales: si la norma no vale, se reinterpreta hasta que cubra esa zona alegal (que, además, frecuentemente se calificará como ilegal), y si esa práctica es demasiado forzada se acude a la figura del conflicto (ex fraude de ley) o de la simulación para poner freno a las lícitas y legítimas economías de opción.
Sí, efectivamente corren malos tiempos para la seguridad jurídica, bien básico para generar la confianza necesaria para tomar decisiones que afectan a nuestro bienestar: desde la compra de una vivienda hasta la inversión millonaria de un grupo multinacional. Hace apenas unos días tuve ocasión de trasladarle esta inquietud a un insigne catedrático de Derecho Tributario con la ingenua pretensión de que me señalara una luz al final del túnel. Su respuesta fue dantesca (i.e.: de la Divina Comedia): 'Abandone usted toda esperanza'. Me temo que sus palabras sean dramáticamente proféticas, aunque me resisto a perder la esperanza.
Javier Gómez Taboada. Abogado, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y director en Galicia de Ernst & Young Abogados