Presupuestar con crisis de liquidez
En un Estado cuasi federal en el gasto como España, el impacto del Presupuesto presentado no puede combatir la crisis que, en su esencia, es financiera, asegura el autor. Lo que puede hacer el Estado, en su opinión, es minimizar el impacto en función de las prioridades de gasto.
El trámite anual de la llegada del ministro de Economía al Congreso con las cuentas del Estado para el año 2009 ha tenido algunos aspectos peculiares, distintos a los de otros años. El rasgo principal es la coyuntura económica actual, con una crisis financiera internacional sin parangón, que podría reducir la eficacia de un Presupuesto que, en esencia, cumple con los rasgos lógicos de rigor llevados a cabo desde 2004 y que apuesta por los valores tradicionales de la socialdemocracia.
Para su análisis político, pero sobre todo económico, hay que partir, en primer lugar, del conocimiento de la distribución del gasto público, y por tanto las herramientas que tienen las distintas Administraciones para paliar o modificar el ciclo económico. En segundo lugar, hay que incidir en las previsiones económicas. Y por último, ser consciente del grado de apertura de nuestra economía, y por ende, evaluar la probabilidad de incidir en un contexto económico como el actual. Con estas premisas, la distribución del esfuerzo del Estado será lo que diferencie los distintos enfoques de política económica.
El ciudadano debe saber que, por el lado de los ingresos, el Estado recauda aproximadamente el 70% del total, mientras que las Administraciones territoriales recaudan el 30%, con una tendencia en los últimos años inversa, es decir, vamos hacia un modelo en el que las Administraciones territoriales irán avanzando en la corresponsabilidad fiscal necesaria, dada la descentralización alcanzada en el gasto. En el caso del gasto, el 37% del total de gasto no financiero se emplea en financiar los entes territoriales, es decir, que el conjunto de los departamentos ministeriales tiene disponibles 60.100 millones de euros, un 38% del total. El resto del gasto, hasta los 157.600 millones de euros del conjunto del Presupuesto, responde a los gastos no territorializables, como son los intereses de la deuda, los pagos a la Unión Europa y los gastos derivados de las clases pasivas (desempleo).
A la vista de esta distribución surgen dos premisas que los ciudadanos deben saber. En primer lugar, que los responsables del gasto más sensible a las necesidades ciudadanas, como son la sanidad, la educación o los servicios sociales, son los entes territoriales y por tanto habrá que pedir cuenta de sus deficiencias o carencias a dichos responsables. Es decir, el Estado tiene una responsabilidad escasa en cómo gastan las diferentes comunidades autónomas los fondos que reciben vía gasto y vía ingresos del Estado.
En segundo lugar, habría que ir hacia una mayor corresponsabilidad fiscal para que los ciudadanos sepan realmente que quien ingresa sus impuestos es, además, quien tiene la responsabilidad del gasto. Un ejemplo de esta disfunción es el Ayuntamiento de Madrid. Los ciudadanos prefirieron un gasto de 6.500 millones de euros en una infraestructura viaria y ahora que el ciclo económico ha cambiado, los responsables políticos del consistorio madrileño miran hacia el Estado para que les sufrague su déficit. Los ciudadanos deberían saber que es la comunidad autónoma la que debe hacerse cargo o en su defecto elevar la carga fiscal de los vecinos. La mala asignación de recursos debe ser sufragada por los que lo permitieron, y no se debe hacer partícipe a otros ciudadanos.
Con estas cifras cabe apuntar otro elemento esencial para conocer la importancia del papel del Estado central en la economía actual. Con las cifras del presupuesto de gasto del Estado, el impacto de su acción es muy limitado, por lo que no es de recibo que se pueda arrogar a este presupuesto la posibilidad de corregir la coyuntura económica actual. Con las cifras en la mano, lo que el Estado puede hacer es hacer uso de los estabilizadores automáticos para mitigar el impacto que sobre el empleo y el sistema de pensiones tiene una coyuntura de bajo crecimiento y elevada inflación. Aquí es donde sorprende más que existan políticos, pero también economistas, que renieguen del uso de estos estabilizadores económicos o del incremento de gasto en pensiones mínimas y salario mínimo.
Con unas previsiones macroeconómicas realistas, la distribución del gasto productivo parece lógico en un contexto de reducción del gasto. La apuesta relativa por la investigación y desarrollo y las infraestructuras no debería ser discutida, pues son precisamente las partidas que más efecto multiplicador tienen sobre el conjunto de la actividad. La colaboración público-privada en estos campos es esencial y tal vez sería momento de ir trasladando parte del beneficio fiscal por la compra de vivienda, más de 9.000 millones de euros en 2009, hacia este tipo de actividad.
En conjunto, es un Estado cuasi federal en el gasto, el impacto del Presupuesto presentado no puede combatir la crisis que, en su esencia, es financiera y de restricción de crédito. Lo que puede, y debe hacer el Estado, es minimizar el impacto en función de unas prioridades de gasto que deberían ser apoyadas por todos los grupos parlamentarios en un momento como éste. El problema es que mientras se apoyan procesos de nacionalización de instituciones financieras en otras latitudes, aquí se sigue pensando que los gastos en protección social sólo generan vagos, como cada día se encargan de transmitir alguna presidenta de comunidad autónoma y catedráticos de universidad que cobran del sector público. En resumen, un Presupuesto bien armado pero que no podrá luchar contra el cierre del grifo bancario.
Alejandro Inurrieta. Concejal del Ayuntamiento de Madrid