Solbes ordena frenar los concursos para contratos públicos no básicos
El Gobierno no va a esperar a 2009 para empezar su política de contención del gasto. Según las empresas contratistas del Estado, Hacienda ha dado instrucciones claras a los órganos de la Administración para que congelen las adjudicaciones y contratos de suministro que no sean necesarios para su funcionamiento.
El área económica del Gobierno ha decidido no esperar a 2009 para poner en marcha sus planes de contención del gasto y ha dado instrucciones a los ministerios y otros organismos estatales para que no liciten más contratos que los estrictamente necesarios para preservar el correcto funcionamiento de la Administración.
"Hay un importante número de licitaciones paralizadas y hace semanas que no se adjudica ningún contrato superior a un millón de euros", aseguran desde las asociaciones de empresas contratistas del Estado, que apuntan alMinisterio de Economía y Hacienda a la hora de explicar las razones del parón.
Según estas fuentes, las juntas de contratación que gestionan los concursos y adjudicaciones públicas de los diferentes ministerios y organismos estatales les han confirmado la existencia de directrices claras por parte de Pedro Solbes para limitar las adjudicaciones previstas y no agotar en lo posible los créditos pendientes de ejecución de aquí a final de año. Un extremo respecto al cual el Ministerio de Economía y Hacienda, consultado ayer por este periódico, guarda silencio.
Normalmente, los órganos del Estado aprovechan el último trimestre del ejercicio para liquidar el presupuesto pendiente, ya que la renovación de estos créditos dentro del presupuesto del año siguiente depende, en buena medida, de que su grado de ejecución sea elevada. De lo contrario, Hacienda suele dar por sentado que no son necesarios y los recorta.
Sin embargo, el desplome de los ingresos impositivos y el afloramiento de un incipiente déficit público en el transcurso de este año ha llevado a Hacienda a intentar evitar este fenómeno y a solicitar el ahorro de los recursos sobrantes para sujetar el gasto público.
Las empresas que más han notado este renacido esfuerzo de contención del gasto son las que contratan con los ministerios de Defensa e Interior, si bien en otros sectores también se ha detectado una caída de las licitaciones. Y no sólo una caída de los contratos que licita el Estado, sino también un incremento significativo de los concursos declarados desiertos por el convocante.
Menos concursos y más aspirantes
Es éste un fenómeno normal en los concursos públicos, que se produce cuando ninguna de las ofertas planteadas responde a los criterios técnicos o económicos establecidos en el pliego. Sin embargo, su incidencia era mucho más marginal hace unos meses que ahora. La Administración ha incrementado notablemente el celo empleado a la hora de analizar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos de los concursos públicos, lo que hace sospechar a algunos contratistas que también puede responder a una estrategia de mayor contención del gasto.
En este sentido, los contratistas también han detectado una importancia cada vez mayor del factor precio a la hora de elegir una oferta. "Siempre nos hemos quejado de que los contratos públicos se deciden demasiadas veces sólo por el precio, pero ahora ese fenómeno se ha acentuado", subrayan.
El problema para las empresas que trabajan habitualmente con el Estado es que este menor volumen de contratos, y por tanto de recursos, se une a lamayor afluencia de sociedades que buscan ganar un contrato públicos. "Cada vez es más normal que empresas no habituales recojan pliegos de concursos públicos".
Las constructoras son las únicas que se salvan
Las constructoras son las únicas empresas contratistas del Estado que pueden presumir de no estar afectadas por la contención del gasto ordenada desde Hacienda.Desde la Confederación Nacional de la Construcción, organización patronal del sector, se asegura que la crisis y la falta de recursos no ha detenido el ritmo de licitaciones de obra pública del Estado. æpermil;sta está blindada de alguna forma por la promesa de Zapatero de licitar contratos por valor de 15.400 millones de euros durante este año para compensar la pérdida de pulso del sector inmobiliario y también por los compromisos adquiridos en el PEIT, que prevén una fuerte inversión anual en obra pública."Después de la inusual actividad de la primera mitad del año, en verano se ha notado un pequeño bajón, pero creemos que es por causas estacionales, no porque el Gobierno haya decidido recortar la obra pública", señalan desde la patronal de los constructores.En cualquier caso, las positivas expectativas de los contratistas del Estado se tornan en complicadas cuando de lo que se habla es de la licitación de obra pública de autonomías y ayuntamientos.El sector sí ha notado en las administraciones territoriales como el menor flujo de ingresos por la crisis inmobiliaria ha contraído la adjudicación de obras e incluso alguna gran comunidad autónoma ha dado ya por finalizado el ejercicio en materia de licitación de obra pública por la ausencia de recursos.Una tendencia que ha afectado más a las empresas que contratan a nivel municipal, donde el volumen de obra pública se ha desplomado.