Bush urge al Congreso a sacar adelante el plan de rescate para evitar que se extienda la crisis
Horas antes de la decisiva votación en el Congreso, el presidente estadounidense, George W. Bush, ha instado a los legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado a aprobar el plan de rescate financiero para impedir que la crisis se extienda a toda la economía de Estados Unidos.
En una breve declaración pero con palabras cargadas de gravedad, Bush ha asegurado: "El Congreso debe enviar una señal firme a los mercados aprobando el proyecto cuyo costo se calcula en unos 700.000 millones de dólares". Y ha añadido: "Las mejoras en el proyecto de ley evitarán el daño económico. Tengo confianza de que el plan de rescate comenzará a restaurar el sistema financiero y la economía de Estados Unidos".
Bush, que no ha abandonado el dramatismo pese al principio de acuerdo alcanzado ayer, ha salido a la escena pública de nuevo, consciente de que todavía puede encontrarse con más escollos para sacar adelante su plan de rescate de Wall Street. Todavía no parece suficiente el acuerdo de última hora alcanzado ayer por los líderes demócratas y republicanos. Diversos medios estadounidenses se hacen eco de que el presidente estadounidense y su equipo no lo tendrán fácil en las votaciones que hoy se llevarán a cabo en el Congreso, donde los legisladores pueden volver a bloquear el multimillonario plan de salvamento económico.
En manos del Congreso
Después de la redacción de un proyecto a la carrera, todo queda ahora en manos de las dos cámaras del Congreso, que tienen la última palabra para dar el visto bueno a un plan de ayudas que pretende inyectar 700.000 millones de dólares (cerca de medio billón de euros) en la economía financiera de Estados Unidos. El partidismo, que se ha visto reflejado en las negociaciones donde los republicanos se han opuesto a la intervención oficial, y las malas noticias de la banca europea, que parece ignorar durante la jornada de hoy los supuestos beneficios el principio de acuerdo, pueden echar atrás la aprobación de plan de ayuda de Wall Street.
"Sin este plan, las consecuencias en la economía de EE UU serían desastrosas", dijo ayer Bush después de conocerse el principio de acuerdo entre los representantes demócratas y republicanos, que han estado todo el fin de semana reunidos bajo la urgencia de encontrar un punto de unión. "Este plan envía una fuerte señal a los mercados mundiales de que Estados Unidos se toma en serio recuperar la confianza y la estabilidad de nuestro sistema financiero", añadió esta madrugada George W. Bush en su comunicado escrito.
El proyecto, de 110 páginas, supone un compromiso con determinadas condiciones y debe ser votado ahora por congresistas y senadores. Si no se tuercen las cosas sobre el papel tras pasar por manos de los legisladores, el documento irá a la Casa Blanca para recibir la firma del presidente Bush. De esta manera, esta semana se podría aplicar la que está llamada a ser la mayor intervención pública desde la Gran Depresión.
La evolución del proyecto, repleta de añadidos y anexos tras arduas negociaciones, queda ilustrada en comparación con la propuesta inicial de tan sólo tres páginas presentada al Congreso por el secretario del Tesoro, Henry Paulson, máxima referencia del gabinete de crisis del Gobierno. Sólo más hacerse público el acuerdo, el máximo líder republicano en la negociación del plan, Judd Gregg, aseguró: "Espero que todos mis colegas lo acepten. No hay opción al rechazo. Si no aprobamos esto, deberíamos ser un Congreso".
Protección del contribuyente
La llamada Ley de Estabilización Económica de Emergencia de 2008 mantiene el objetivo central del programa del Gobierno: el uso de un máximo de 700.000 millones de dólares para comprar deuda de mala calidad. No obstante, incluye nuevas cláusulas negociadas por los legisldores de ambos partidos.
En lugar de poner a disposición del departamento del Tesoro los 700.000 millones de dólares de una vez, los fraccionará. El Gobierno podrá usar 250.000 millones inmediatamente y otros 100.000 millones si el presidente Bush determina que los necesita. El Congreso puede retener los otros 350.000 millones si no está satisfecho con el desempeño del programa.
Los demócratas también han logrado introducir cláusulas para la protección del contribuyente. El proyecto establece un consejo de supervisión del programa, que incluirá al presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y al presidente de la Comisión del Mercado de Valores, Chris Cox, entre otros altos cargos. Además, los contribuyentes recibirán derechos de compra de acciones (warrants), con lo que se beneficiarán si las empresas que reciben la ayuda se recuperan.
El Gobierno también limitará los ingresos de los directivos de las compañías participantes en el programa. Los jefes de empresas en quiebra no podrán recibir beneficios multimillonarios cuando son despedidos, los cuales se conocen en el argot financiero estadounidense como "paracaídas dorado". El Gobierno también elevará los impuestos a empresas que paguen a sus directivos por encima de 500.000 dólares al año. Asimismo, el secretario del Tesoro podrá renegociar los términos de las hipotecas que adquiera para ayudar a los propietarios de viviendas con problemas para pagar las letras a fin de evitar el desahucio.
El proyecto también incluye una cláusula exigida por los republicanos de la Cámara, los más reacios a apoyar el programa. Esa disposición da al secretario del Tesoro la opción de requerir que los bancos compren seguros para cubrir su cartera de títulos vinculados a las hipotecas.
