Un plan para los aeropuertos

El Ministerio de Fomento quiere cambiar la estructura societaria de los aeropuertos españoles, sin perder su control. Acuciado por determinados compromisos políticos, el Gobierno pretende aplicar un modelo de gestión aeroportuaria en el que, sin ceder el control de la gestión, facilite la entrada de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, así como del capital privado, troceando antes los activos por territorios. Así, el aeropuerto de Madrid y el de Barcelona, por su volumen de tráfico, se segregarán como unidades de negocio únicas, mientras que el resto de los 48 aeródromos se ubicará en grupos diferentes, en función de criterios geográficos y de rentabilidad, para dar entrada también después al capital privado y a las autoridades locales y autonómicas.

Cierto grado de descentralización puede proporcionar a los 18 centros que están en pérdidas un estímulo de gestión que les devuelva la rentabilidad. No obstante, por su naturaleza deficitaria es difícil que encuentren capital privado. Pero hay ejemplos palmarios de aeródromos que han entrado en números negros por el esfuerzo y flexibilidad de sus gestores, secando la actividad en las instalaciones cercanas.

Con este modelo, muy parecido al vigente en Francia, no se augura buen futuro para España, ni siquiera en el caso de Madrid y Barcelona. La entrada de los poderes públicos locales y regionales, en un 20% del capital, no es la mejor invitación a la participación privada. Las compañías interesadas en estos negocios ya han advertido, con buen criterio, que carece de interés una privatización si no pueden liderar la gestión, que se antoja difícil con el 30% del capital.

Una privatización tan limitada como la planteada, donde al final en vez de un propietario público puede haber hasta tres, no puede ser sino un ejercicio para obtener recursos con la venta de una empresa bien valorada. Si para compensar las pérdidas de unos con las ganancias de otros deben estar unificados, tiene que mantenerse la unidad. Pero debe desaparecer el miedo a privatizarlos completamente, siempre que se mantengan en la misma sociedad, como ha ocurrido en otros países del entorno donde no funcionan peor que aquí.