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Tribuna
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Exclusiva (mía); filtración (tuya)

La requisa judicial del vídeo del accidente de Barajas al diario 'El País' es calificada de atropello por el autor que critica la actuación de los medios de comunicación españoles que no han salido defendiendo la libertad de expresión por motivos de envidia o de insidia

La competencia mal entendida entre los periódicos españoles no ha permitido que sus responsables calibrasen la entidad del atropello perpetrado por la requisa judicial al diario El País del vídeo del accidente de Barajas del pasado 20 de agosto. En una resolución inmotivada, puramente dispositiva, el juez reclama la cinta y reconviene al periódico a que cese en su difusión. En las imágenes emitidas en exclusiva por la versión digital de El País -y tanto da que fuera otro medio porque lo que aquí se plantea es cuestión de principio- no se atisba vestigio alguno de morbosidad o de intromisión en la intimidad o en la imagen de las víctimas del accidente.

Más aún: las secuencias que se muestran vienen a ser una suerte de animación de las infografías ya publicadas en los periódicos, en las televisiones y en las webs y, en rigor, aportaban sólo autenticidad fáctica a un relato perfectamente conocido. Por eso, el comportamiento deontológico del diario fue correcto y la intervención judicial, aparatosa, desproporcionada, y, seguramente, inconstitucional. De ahí que la medida cautelar fuese inmediatamente levantada por el juez ante la muy verosímil posibilidad de que se produjese un debate profesional y social que le dejase en mal lugar.

El comportamiento deontológico del periódico fue correcto y la intervención judicial, aparatosa, desproporcionada y, seguramente, inconstitucional

Causa, sin embargo, una desoladora impresión que prácticamente ningún medio haya salido en defensa de un colega injustamente tratado por un juez y casi todos se hayan abstenido de defender la libertad de información consagrada en el artículo 20 de la Constitución. ¿Por qué? La razón es sencilla: cuando la información es propia, se trata de una exclusiva, fruto de un laborioso periodismo de investigación; cuando similar información la publica la competencia pierde esos atributos de excelencia y se convierte en una filtración interesada. Seamos serios: el periodismo de investigación no es otra cosa que la profesional gestión de una filtración que busca siempre un interés. Corresponde al medio y a sus profesionales valorar la información, depurarla, incrementarla, enriquecerla y seguirla. Ese es el periodismo de investigación, en cuyo origen siempre -salvo excepción que confirmaría la regla- hay una indiscreción o, técnicamente, una filtración.

Causa asombro también que, para descalificar aún más al medio que ha ofrecido la exclusiva, no sólo se tache de filtración la noticia, sino que, sin rebozo alguno, se señale taxativamente la autoría de la misma. En este caso, era indefectible que la ministra de Fomento se convertía en responsable directa de la filtración, sin reparar si con la difusión en ese momento y en esas condiciones de la cinta ella o su ministerio o el Gobierno, o AENA, obtenían algún beneficio político o de imagen. La obviedad de señalar a la ministra -cuando pueden existir tantas otras fuentes de Fomento, o de los alrededores, con las que el periódico hubiese podido contactar o ser contactado- demostraría que en nuestro país la comunicación está atacada de una forma patológica de competitividad que se manifiesta en insolidaridades envidiosas y en tesis insidiosas para descalificar los éxitos del colega.

Pues bien: ningún periódico, ninguna televisión, ninguna web hubiese tenido derecho a dejar de difundir el vídeo del accidente de Barajas porque emitirlo forma parte de su indeclinable obligación y compromiso social y deontológico, el de informar, una vez comprobado que la noticia no afectaba a valores de superior envergadura jurídica y política que los contemplados en el artículo 20 de la Constitución en los que se consagra prevalentemente la libertad de expresión y de información.

La comunicación -entendida como transmisión de conocimientos- no es un territorio sin ley, ni exento de fiscalización judicial. Los límites de lo legítimo y lo ilegítimo no siempre coinciden con los de naturaleza normativa y ahí es donde juega la deontología profesional. Pero más allá de las imposiciones voluntarias que conlleva la autorregulación de los profesionales, las fronteras vienen señaladas por leyes penales (Código Penal) y civiles (Ley Orgánica de protección del onor, la intimidad y la propia imagen personal y familiar y ley reguladora del derecho de rectificación), pero por ningún otro condicionamiento, sea el secreto sumarial, la confidencialidad de una comisión de investigación o la conveniencia de esta o aquella instancia. Por eso, la requisa judicial al diario El País del vídeo del accidente aéreo en Barajas del 20 de agosto pasado fue un atropello que no puede dejar de ser denunciado por envidia o por insidia. Apliquémonos aquello de hoy por ti, mañana por mí y aquello otro de que perro no come carne de perro. O sea, una concepción solidaria y coherente de la profesión periodística y de los valores de la comunicación.

José Antonio Zarzalejos. Vicepresidente ejecutivo de Llorente & Cuenca

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