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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Prudencia y ajuste para todos

Los Gobiernos autonómicos de Madrid y Castilla y León han anunciado que recurrirán a la Audiencia Nacional para exigir al Gobierno central que les entregue los anticipos a cuenta de los ingresos tributarios que les corresponderían este año. Podrían sumarse la Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Aragón. El Gobierno les recuerda que, según sus cuentas, les ha entregado 2.000 millones de más, aunque se apresura a aclarar que no les demandará su devolución.

La desesperación de los Gobiernos regionales por la merma de sus ingresos es lógica, máxime cuando ha empezado a generarles dificultades para afrontar con normalidad sus compromisos económicos. Las patronales de la construcción ya han denunciado los retrasos en que están incurriendo las autonomías, alargando el plazo medio de pago de 89 a 141 días. Esta demora, que afecta igualmente a los proveedores de material, no es una buena solución, pues agudiza las dificultades financieras que atenazan a muchas empresas -en especial en este sector- y que ya ha hecho peligrar la continuidad de algunas de ellas.

La respuesta a la falta de fondos de los Gobiernos regionales no pasa por pedir más dinero al vicepresidente económico, Pedro Solbes. Deben asumir que la crisis también les afecta y apretarse el cinturón, al igual que las otras dos Administraciones -central y local-. La caída de la recaudación tributaria es una evidencia y abarca a los principales tributos como el IVA, sociedades e IRPF. Por tanto, parece un despropósito demandar adelantos sobre unos ingresos que previsiblemente no van a entrar en las arcas públicas. El Gobierno ya ha reconocido que el año se cerrará con déficit fiscal -en agosto acumulaba 14.600 millones de euros- y los presidentes autonómicos no pueden pretender que recaiga íntegro sobre el Ministerio de Hacienda. Ni tampoco demandar que el Gobierno emita deuda pública para que ellos mantengan su nivel de gasto. En ese sentido, Pedro Solbes ha hecho bien recordándoles que les está permitido acumular un déficit del 0,25% de su PIB si la economía crece por debajo del 2%. Y, en consecuencia, emitir su propia deuda.

Además, la solución a sus problemas económicos no estriba exclusivamente en aumentar los ingresos, sino también en restringir los gastos. Por tanto, los planes de ahorro de las autonomías deben ser algo más que operaciones de marketing. Eso exige que los presupuestos regionales afronten el año próximo con un espíritu comedido y austero, con recortes en aquellos gastos que no tengan un impacto fuerte sobre la economía de su territorio. En los últimos años las Administraciones autónomas han aumentado los servicios que prestan a sus ciudadanos, aprovechando la abundancia de recursos. Pero, por duro que ahora resulte, tendrán que restringir algunos de los menos esenciales.

Los recortes deben producirse en primer lugar sobre las partidas más suntuosas, para seguir con las nuevas prestaciones opcionales que ahora son difíciles de costear o los servicios que no se justifican en su utilidad pública. Por ejemplo, las televisiones autonómicas que en una buena parte de las comunidades autónomas tienen un tamaño y unos gastos claramente desproporcionados.

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