Un escenario fiscal de austeridad
La ejecución presupuestaria de agosto rubrica un cambio de escenario para las cuentas públicas que se adivinaba desde junio, mes en el que surgió el primer déficit fiscal tras tres años de superávit. El ritmo del deterioro ha sorprendido incluso al Gobierno, y el déficit fiscal acumula 14.600 millones, un 1,31% del PIB, cuando hace un año el excedente era de 11.800 millones. Por tanto, el deterioro financiero del Estado ha sido de más de 26.000 millones de euros en sólo doce meses, 2,5% del PIB, lo que da una idea del desempeño financiero del Estado en un año con las actuales circunstancias económicas.
El secretario de Estado de Hacienda asegura en una muestra de voluntarismo que la 'parte más dura del ajuste' se ha producido ya, cuando el estancamiento de la economía no ha hecho más que comenzar, y no hay visibilidad sobre cuándo concluirá. Todo apunta a que estaremos unos años con números rojos en las cuentas públicas, que habrá que apretarse el cinturón de forma generalizada y que las políticas que hasta ahora se daban por financiables deben ser revisadas. Contribuyentes y receptores de recursos, todos los niveles de la Administración pública, sindicatos y patronos, y todo aquel que tenga alguna responsabilidad en la marcha de la economía deben ser conscientes de que el paisaje ha cambiado para una larga temporada.
Pero determinados responsables políticos no han captado con nitidez el mensaje de unos recursos impositivos cada vez más débiles y siguen sometiendo al administrador, Pedro Solbes, al regateo político, como si la responsabilidad parlamentaria de dotar al país de unas cuentas creíbles, financiables, eficientes y austeras pudiese mercadearse. La salud financiera del Estado no tiene nada que ver con la de hace un año tras las primeras andanadas de la crisis, y la escasez exige corresponsabilidad a todos. La situación precisa de más tino que nunca cuando está pendiente la negociación de un nuevo escenario de financiación autonómica.
La caída en los ingresos es ya generalizada en todos los impuestos, con tasas muy abultadas en algunos casos, que presagian un deterioro más profundo. Pero las partidas de gastos han empezado a hacer el camino contrario, con avances más coherentes con el ajuste de la actividad económica. La simple aplicación de los estabilizadores del desempleo puede absorber este año todo el superávit del ejercicio pasado y reducir la capacidad de maniobra del Gobierno para otros programas de inversión, precisamente cuando más precisos se hacen para combatir el estancamiento.
Los escenarios insinuados ya por el ministro de Hacienda acercan a España a un déficit fiscal del 3% del PIB para 2009, techo máximo admitido por Bruselas, y ello sin haber puesto en marcha programas keynesianos de inversión. Las decisiones venideras en materia presupuestaria deben ser muy sopesadas, en las que se ensaye sin error su alcance, para evitar que los mercados pongan un sobreprecio a la financiación de las emisiones públicas y, por simpatía, de las privadas. Cabe recordar que el simple hecho de admitir que España vuelve al déficit, endémico durante más de 25 años, ha colocado la prima de riesgo en máximos desde que el euro protege a la economía. La austeridad y el rigor son otra vez valores imprescindibles.