La CE continúa el procedimiento contra España por dificultar el servicio universal
La Comisión Europea dio hoy un último aviso a España antes de llevarla ante el Tribunal de Justicia de la UE para que modifique las condiciones en las que establece el servicio universal de telecomunicaciones.
El Ejecutivo comunitario informó hoy del envío de un dictamen motivado -segundo paso del procedimiento comunitario de infracción- después de no haber recibido una respuesta satisfactoria de España desde que se abriese el proceso en junio de 2007. Si España no soluciona los problemas detectados por la CE, ésta podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia.
El principal problema que detecta Bruselas es el mecanismo que utiliza España para designar y financiar a los proveedores del servicio universal. Las normas comunitarias sobre telecomunicaciones preven que los estados miembros de la UE se encarguen de comprobar que ningún proveedor quede automáticamente excluido al designar a los que ofrecerán el servicio universal.
Además, establecen que los países puedan conceder compensaciones por ofrecer estos servicios previa petición cuando consideren que esto representa una carga injusta para los proveedores. Sin embargo, en España aún no se han adoptado las medidas legislativas oportunas en la materia ni se ha puesto en marcha un nuevo procedimiento de designación.
En concreto, España obliga a los proveedores que quieran ofrecer un servicio universal a aceptar dos paquetes de servicios predeterminados. Así si una compañía quiere proporcionar el acceso y el servicio de teléfono fijo, debe además ocuparse de las cabinas telefónicas públicas.
De la misma manera, dar información de los números de abonados es indisoluble de la producción y reparto de guías telefónicas. Estas condiciones excluyen a la mayoría de las compañías de telecomunicaciones, según fuentes comunitarias.
Bruselas ya explicó cuando se inició el proceso que consideraba que España no había traspuesto correctamente la legislación sobre los mecanismos de financiación a los operadores que dan el servicio universal.
Según fuentes comunitarias, la compensación no tiene que ser automática, sino que debe ser solicitada por el operador que realiza el servicio universal con una demostración de que soporta una carga financiera injusta.
La Comisión Europea también decidió hoy llevar a Polonia y Chipre ante el Tribunal de Justicia de la UE en relación con la regulación de su mercado minorista de banda ancha y los derechos de paso, respectivamente.
Por otro lado, Bruselas decidió archivar otros procedimientos contra Letonia y Finlandia, ya que ambos países han adoptado disposiciones satisfactorias relacionadas con la notificación a la CE y a los reguladores nacionales de los demás países de la UE las propuestas de medidas relativas a los operadores de telecomunicaciones.