Comparecencia en el Senado

El Gobierno invertirá 2.870 millones en la compra de suelo a partir de octubre

La oferta pública de compra de suelo que pondrá en marcha el Ejecutivo en octubre derivará en una inversión global de 2.870 millones de euros -del Gobierno y de los promotores- para la construcción de entre 15.000 y 20.000 viviendas protegidas.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, explicó hoy en la Comisión de Vivienda en el Senado que el Gobierno invertirá 300 millones de euros en la compra de terrenos privados, importe al que se sumarán otros 130 millones de la sociedad estatal Sepes para su urbanización. Por otro lado, el Ministerio prevé que los promotores públicos y privados invertirán otros 2.440 millones en la construcción de estos inmuebles protegidos.

La ministra avanzó que la oferta se realizará en las zonas con mayor necesidad de urbanización de inmuebles protegidos, como áreas urbanas y grandes municipios, que se dará preferencia a los terrenos que se puedan transformar con mayor celeridad y que las parcelas deberán tener una superficie que permita la construcción de al menos 300 viviendas.

Corredor explicó también que el precio de compra vendrá marcado por la oferta que presente el propietario, que deberá tomar siempre como referencia el precio del suelo destinado a vivienda protegida deduciendo las cargas y costes del desarrollo de la actuación.

Esta es una de las medidas que ha propuesto el Gobierno para solucionar la situación que atraviesa el sector de la vivienda, ante la que la ministra aseguró que "no somos indiferentes", porque hay muchas personas que "quieren adquirir o pagar su hipoteca y no pueden", aunque "la bajada del euríbor nos ha dado un respiro".

Recordó que desde el Gobierno se advirtió del "excesivo e insostenible crecimiento en la construcción de vivienda a precios inasequibles", así como de las medidas planteadas al respecto entre las que se encuentra la rebaja fiscal de 400 euros, la rebaja del Impuesto sobre Patrimonio o la recuperación de las deducciones por alquiler de vivienda.

La ministra es consciente de que se destruyen dos empleos por cada vivienda que no se construye, pero considera que "esto no es excusa para seguir construyendo al ritmo anterior", cuando la cantidad de viviendas nuevas que salían al mercado y el crecimiento de sus precios no eran "socialmente admisibles".