La mayoría de los partidos promueve una reforma urgente de la Ley de Extranjería
El PP optó por la abstención, pero el resto del arco parlamentario votó ayer a favor de que el Gobierno promueva una reforma urgente de la Ley de Extranjería para adecuarla a la última sentencia del Tribunal Constitucional, a las directivas de la Unión Europea pendientes de transposición, al nuevo marco estatutario de las comunidades autónomas 'y a la situación económica y social'. La iniciativa obedece a una moción original de Convergència i Unió, a la que posteriormente se sumaron el PSOE y el resto de los grupos parlamentarios, pues encaja con los planes que tiene el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
La diputada socialista Concha Gutiérrez, portavoz de Inmigración, defendió ayer este emplazamiento al Gobierno para que cambie la ley ante la necesidad de respetar la sentencia del Constitucional donde se ratifica que 'todas las personas son titulares de derechos fundamentales como la libertad de reunión, asociación, sindicación y huelga, tanto nacionales como extranjeros, con independencia de su situación administrativa en España'.
El portavoz de CiU, Carles Campuzano, defendió la reforma de la ley de Extranjería ante la nueva situación social y económica 'ya que se ha pasado de un modelo de crecimiento, creación de empleo y reducción del paro, en el que la inmigración ha sido protagonista, a una nueva realidad de crisis económica, con índices de paro elevados y con un previsible mantenimiento de la entrada de ciudadanos extranjeros'.
Medidas contra la crisis
El Congreso aprobó también ayer una moción de CiU, transaccionada por el PSOE y el PP, en la que se emplaza al Gobierno a presentar junto al proyecto de ley de Presupuestos una veintena de iniciativas económicas destinadas a sortear la crisis. La mayoría no compromete en gran medida al Ejecutivo ya que descansa en una apuesta genérica por contener la inflación, frenar el aumento del paro e inyectar liquidez en los mercados.
La moción incluye también una apuesta genérica por la adopción de medidas fiscales que permitan la reducción de costes de la actividad productiva y frenar el incremento de la morosidad en las entidades financieras.