_
_
_
_
_
Tribuna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las tribunas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Faltó la productividad

La crisis económica que vive España tiene dos elementos principales. Uno, que volvió a mencionar ayer el presidente del Gobierno en su comparecencia parlamentaria, es de dimensión internacional y tiene un carácter eminentemente financiero. Desgraciadamente, las exportaciones españolas tienen un peso reducido en el PIB del país. Por eso, cuando una situación como la actual se extiende por todo el mundo desarrollado, al tejido productivo le afecta mucho más la falta de liquidez que la reducción del consumo en el extranjero. Si en la próxima crisis sucede lo contrario, significará que hemos gestionado bien la actual.

Es obvio que el Gobierno no tiene capacidad para solucionar los problemas que se derivan de la parálisis que vive el sistema financiero internacional. Los recursos públicos que, a través del ICO, se están destinando para apoyar a las pymes, casi todas empresas familiares, están muy por debajo de las necesidades existentes. Sin embargo sí que puede tomar medidas que generen confianza y permitan recuperar unos niveles de inversión similares a los de hace un par de años. Estas iniciativas son las que deben aplicarse al otro componente de la crisis: la insuficiente productividad de las empresas y de las Administraciones públicas.

æpermil;stas son el tipo de políticas que a muchos economistas y empresarios les habría gustado escuchar ayer de boca del presidente del Gobierno. Se echa de menos una estrategia más ambiciosa a este respecto. Con estas actuaciones se podría eliminar la rigidez con la que se está reaccionando ante la crisis y que queda patente en los índices de competitividad internacionales -España pierde posiciones en casi todos los que se han publicado a lo largo de este año- y en la tasa de inflación. El que los precios hayan sido superiores a la media europea en estos últimos años podía deberse a un crecimiento económico también más elevado. Pero ahora, que la variación del PIB español es similar a la media de la UE, esta justificación ya no es válida.

Con el objeto de impulsar la competitividad, la pasada legislatura el Gobierno incrementó acertadamente los recursos destinados a la inversión en I+D+i. Otra iniciativa positiva, inaplazable y fundamental para la mejora de la productividad, es la reforma de la formación profesional que Zapatero mencionó ayer. Sin embargo, estas medidas no tendrán el efecto buscado si no van acompañadas de otras reformas de calado en materia laboral, de infraestructuras, de mercados básicos, de educación o administrativa.

Para que el mercado laboral sea más flexible es prioritario el consenso entre sindicatos y empresarios, pero también hay aspectos en los que el Ejecutivo debe ejercer su liderazgo. Por ejemplo, cada vez son más las empresas que sufren niveles de absentismo injustificados, favorecidos por un marco legal anticuado. El excesivo número de convenios que existen en algunos sectores -algunas compañías están reguladas por cientos de ellos- o la falta de incentivos a la movilidad laboral también requieren una acción inmediata.

La crisis financiera está afectando de forma notable a la inversión en infraestructuras, problema que se ha visto agudizado por la reducción de los fondos europeos. Por eso no es normal que, cuando los recursos están disponibles y las empresas desean participar en la ejecución o gestión de los proyectos, se vean ralentizados por unos procedimientos excesivamente burocráticos o unos plazos administrativos lentos. En la era digital ningún Estado se puede permitir que las normativas administrativas o los insuficientes niveles de productividad del sector público afecten a la del resto del país.

En la comparecencia de ayer del presidente del Gobierno habría sido deseable que el debate se hubiese centrado más en todos estos aspectos. Se está todavía a tiempo de trabajar en ellos, pero cuanto más tarde se comience, más lejos estará el final de la crisis y más difícil será que los capitales extranjeros vuelvan a fijar su atención en España.

El Instituto de la Empresa Familiar, organización que engloba a un centenar de empresas con una facturación agregada equivalente al 16% del PIB, considera que la prioridad es incrementar la productividad y en este sentido ha elaborado un informe, que presentará en los próximos días, en el que se proponen medio centenar de medidas para avanzar en esta asignatura pendiente. El estudio concluye que las empresas familiares -un modelo de compañía al que no le gusta la especulación y que apuesta por el largo plazo- y el tejido productivo en general necesitan un marco laboral diferente, mejores infraestructuras, una formación profesional de calidad y una Administración pública más eficaz.

Javier Quintana. Director de Estudios del Instituto de la Empresa Familiar

Archivado En

_
_