Mal de muchos...
Cuando el pasado día 14 conocimos que nuestro PIB había crecido sólo una décima de punto durante el segundo trimestre todos pensamos que se estaban cumpliendo las previsiones que auguraban un estancamiento preocupante de nuestra actividad, pero hete aquí que el Gobierno y su presidente en persona nos ilustraron una vez más con una lección de optimismo: estábamos mejor que nuestros grandes vecinos europeos pues con la excepción de Gran Bretaña ellos habían tenido tasas negativas que oscilaban entre el -0,5 de Alemania al -0,2 como media de la Zona Euro.
Al parecer se seguía al pie de la letra el guión preparado días antes por su vicepresidente económico quien afirmó en una entrevista que desde hace dos meses -¡solo dos meses!- algunos datos indicaban que la situación económica era peor de la que 'preveíamos todos'. Reconocimiento preocupante porque, primero, algunos -es verdad que pocos- llevamos apuntando desde hace un año aproximadamente que la crisis se venía encima y, segundo, que los vaticinios optimistas del Gobierno revelaban o una miopía preocupante o, lo que era más grave, una manipulación destinada a ocultar la realidad. Al final, me temo, ha habido un poco de todo.
Pero lo cierto es que no estamos mejor que nuestros socios si consideramos, por ejemplo, que en el primer semestre del año Alemania ha crecido a un ritmo medio de 0,8% frente al 0,4% español y que aun cuando Francia ha avanzado únicamente un 0,1% nadie medianamente sensato podrá negar que estos dos países nos superan en productividad, costes laborales contenidos, balanza por cuenta corriente más equilibrada, menor endeudamiento internacional o crisis inmobiliaria prácticamente inexistente. Cierto que nuestras cuentas públicas muestran un superávit que no aparece en las suyas pero al final de junio la Administración Central exhibía ya un déficit equivalente al 0,42% del PIB, demostrando así que el superávit tenía un fuerte carácter cíclico.
Pero la gran desventaja es que, a diferencia de Alemania y Francia, nuestro Gobierno no está dispuesto a aprovechar la situación para emprender las reformas que la economía española precisa para salir reforzada de la crisis.
Las medidas hasta ahora adoptadas por el Gobierno oscilan entre el populismo -cheque bebe del 2007 y la deducción de 400 euros del año en curso-, la ineficacia -la mayoría de las referidas a fomentar la eficiencia energética, incluida la de meter la corbata en la nevera y regalar bombillas-, la equivocación -las ayudas para construir más viviendas cuando hay cientos de miles sin vender o la de acelerar la declaración de impacto medio ambiental en las obras- o la confianza en que el tiempo resolverá - aso de la transposición de la Directiva sobre Servicios o la reforma de la Administración-.
Da la impresión que nuestros gobernantes han decidido que era más rentable dar la impresión que se ocupan de todo aprobando medidas en abundancia que concentrarse en auténticas reformas en los capítulos claves; inclinación esta que puede reforzarse si por mor del descenso coyuntural de los precios del crudo y algunas materias primas la inflación mejora en los próximos meses olvidando que, al menos en el primer caso, ello confirma que la economía mundial ha entrado en recesión.
La conclusión es clara. El Gobierno debería comenzar por lo que estos años ha dejado sin hacer; por ejemplo y sin que ello suponga preferencia alguna, reformar el mercado laboral, elaborar un proyecto de ley de huelga y profundizar con las medidas de desregulación y liberalización en sectores tan relevantes como el energético o las telecomunicaciones; modificar el actual reparto de competencias urbanísticas -con el objetivo, entre otros, de hacer más difícil la corrupción que caracteriza este campo- y la Ley de Arrendamientos Urbanos; imponerse una visión más realista de las cuentas públicas, descartando que sean el bálsamo de Fierabrás y emprendiendo una revisión a fondo del gasto público y su eficacia; por último, imponer modificaciones en el sistema público de pensiones comenzando por ampliar paulatinamente la edad de jubilación sin dejarse engañar por los efectos de la reciente ola inmigratoria puesto que si la actual tasa de participación perdurase en el año 2050 y habida cuenta del envejecimiento de la población a mediados de la centuria tendríamos 130 jubilados por cada 100 trabajadores a lo cual se une que, por citar un ejemplo, el trabajador español labora al año casi cuatrocientas horas menos que el americano.
Bueno sería, también, que el Sr. Zapatero, en lugar de decir al BCE lo que debe hacer recordase lo sucedido en EE UU, donde la crisis de liquidez y los riesgos de contrapartida han impedido que la reducción de tipos adoptada por la Fed haya servido para que los bancos privados bajen los suyos.
Hay un último factor que dificulta todavía más los propósitos del Gobierno y es que nuestra economía es ya muy compleja y abierta y por ende muy resistente al método preferido del Ejecutivo; a saber, confiar en que el manejo de las palabras y de las rotativas del BOE conjuren cambios mágicos en la realidad. Con una tasa de morosidad creciente y un sector inmobiliario paralizado, la economía discurrirá durante los próximos meses atenazada por una inflación y un paro elevados que congelarán la renta disponible de las familias y se dejará sentir en el consumo al tiempo que nuestro endeudamiento exterior continúa aumentando. En pocos palabras: no estamos para cataplasmas.
Raimundo Ortega. Economista