Ahorrar energía
En las últimas semanas el ministro de Industria ha cobrado un intenso protagonismo. Con el objetivo de reducir la gravosa factura energética, Miguel Sebastián está desarrollando con notable dinamismo una campaña de ideas en pro del ahorro de energía. Hasta ahora buena parte de las críticas que ha recibido se han apoyado en la falta de seriedad de sus propuestas y en la escasa efectividad que tendría su aplicación.
Es cierto que algunas de las propuestas puestas en circulación no pasan un filtro. El sincorbatismo constituye un gesto para la galería propio de enfant terrible de la gauche divine, y la idea de limitar aún más la velocidad en el acceso a las ciudades ha sido descartado de inmediato por el ministro del ramo -Rubalcaba-. Sin embargo, anécdotas al margen, la campaña de Sebastián ofrece la virtud de ser instrumento de concienciación de la sociedad respecto de la magnitud del problema.
En lo que toca al escaso ahorro que cabe esperar de cada medida avanzada, la crítica es injusta. En economía, cuando para combatir un problema de gran dimensión se adoptan múltiples medidas, lo relevante no es la efectividad individual de cada una, sino el efecto acumulado de todas ellas. Por poner un ejemplo de nuestra historia reciente, no se hubiera podido combatir eficazmente el déficit público de los Presupuestos del Estado de no ser por la acumulación de los resultados individuales de las numerosas decisiones adoptadas.
En todo caso, resulta refrescante la postura de una autoridad económica que enfrentada a un problema, no le pierde la vista y lo afronta intentando liderar la reflexión colectiva sobre la cuestión. Es lo que se debe exigir de la intelligentzia cuando está en el Gobierno. En este sentido, contrasta -positivamente para él- la actitud pro activa de Miguel Sebastián con la desesperante pasividad que caracteriza al vicepresidente Solbes y a su gris equipo de colaboradores.
Sin embargo, no puede olvidarse que al intentar reducir el consumo de energía se actúa exclusivamente sobre la demanda del sector, que es solo una parte de nuestro problema energético y además, en términos relativos, la menos importante. La otra parte es la oferta -marcada por nuestro déficit de generación- que sobre resultar, en términos de país, más gravoso que el consumo excesivo, mantiene una alta dependencia energética del exterior, cuestión preocupante en clave geoestratégica.
En el sentido expuesto, resulta necesario conocer de modo oficial la postura del ministro de Industria sobre la energía nuclear. Si fuera cierto, como se runrunea en los mentideros de Madrid, que Miguel Sebastián es favorable a las centrales nucleares, estaría ante una oportunidad histórica para, aprovechando el impulso de la reciente cumbre franco británica, intentar sacar a España del bananerismo reinante del '¿nuclear?, no gracias'.
En la misma línea de actuaciones sobre la oferta, causa sorpresa la orientación dada por el ministerio que dirige Miguel Sebastián al proyecto de Decreto regulador de la producción de energía eléctrica mediante la tecnología solar fotovoltaica -actualmente en proceso de tramitación-, toda vez que su contenido constituye un evidente frenazo al desarrollo del sector en España.
De entrada, el proyecto plantea una bajada -en realidad, un auténtico bajonazo- a la tarifa a percibir por la venta de energía solar fotovoltaica. Piénsese que las instalaciones a las que sea de aplicación el futuro Decreto percibirán una tarifa inferior en un 33% a la que perciben las instalaciones actualmente en funcionamiento y las que comiencen a funcionar en las próximas semanas.
Pues bien, por si no fuera bastante el efecto desincentivador que tendrá la nueva tarifa sobre las decisiones de inversión en la construcción de nuevas plantas, el proyecto de Decreto también limita de forma brusca la dimensión de las nuevas instalaciones en términos de potencia a instalar. Así, según datos de la propia memoria económica que acompaña a la propuesta de Decreto, en el año 2007 se instalaron en España más de 500 MW de potencia, y en 2008 se estima que se alcanzarán los 1.000 MW.
Sin embargo, de acuerdo a los términos del Decreto, desde su aprobación, la potencia anual que se podrá instalar quedará limitada a 300 MW, la mitad que en 2007 y menos de un tercio de la del presente año.
En función de lo expuesto, resulta evidente la asimetría de la actuación del titular de Industria, Miguel Sebastián, ante nuestro problema energético, según actúa en la demanda -positivo y audaz- o en la oferta -negativo y conservador-. Sería de desear que la asimetría quedara superada, modificándose las políticas sobre la oferta.
En cualquier caso, de no rectificarse el parón proyectado a la energía solar fotovoltaica -y parece que no hay intención de hacerlo desde el Gobierno-, quedaría en sus justos términos la constante y reiterada profesión de fe en las energías renovables realizada por el presidente Rodríguez Zapatero.
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer. Ex presidente de SEPI y presidente de PAP Tecnos