Oxígeno fiscal a los municipios
La crisis tiene facturas para todos. Empresas, particulares, Hacienda, Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos registran en sus finanzas una notable contracción en los ingresos y un aumento de los gastos. Pero la naturaleza inmobiliaria del ajuste actual ha provocado un efecto más rápido y contundente en las finanzas de las comunidades autónomas y ayuntamientos, puesto que sus ingresos tienen línea directa con esta actividad.
Hay pocas cifras sobre el comportamiento fiscal de los ayuntamientos este año. Pero las existentes, sobre todo de las corporaciones municipales más grandes, revelan una contracción significativa de los recursos. Tanto Madrid como Barcelona registran caídas superiores al 10% en los impuestos ligados a la concesión de licencias de obras, plusvalías municipales por ventas de terrenos e inmuebles, o incluso por matriculaciones de vehículos. Otros municipios como el de Sevilla, que no revela datos sobre la marcha de sus cuentas, han refinanciado todo su endeudamiento para prolongar el plazo y reducir la carga financiera anual.
Con estas condiciones, los ayuntamientos españoles no podrán cerrar sus cuentas en equilibrio este año, y los números rojos serán la tónica general, así como el aumento de sus niveles de endeudamiento. Tendrán, por tanto, que presentar a Hacienda un mecanismo para volver al equilibrio en tiempo razonable. Ahora acumulan ya una cifra cercana a los 30.000 millones de euros, un 2,8% del PIB, cantidad muy alejada de la de las comunidades autónomas, pero creciente, sobre todo en las ciudades grandes y en aquellas que han acometido inversiones significativas, como Madrid o Zaragoza.
Los alcaldes aseguran que cubren servicios sin tener la competencia por valor de 7.000 millones de euros. Quieren que se revise el modelo de financiación para disponer de los recursos necesarios e imputar a cada Administración las competencias que le correspondan, y, con ellas, la financiación precisa. Por eso estiman, con buen criterio, que los ayuntamientos deben participar en mayor cuantía de los ingresos del Estado y acceder a una parte de los que ya gestionan las comunidades autónomas.