Lógica para la vivienda
El Gobierno empieza a considerar que una absorción lógica de todo el stock de viviendas terminadas durará un mínimo de tres años. La cuenta es clara: a las cerca de 700.000 casas terminadas ahora hay que unir unas 200.000 que se iniciarán cada uno de los tres ejercicios, lo que suma 1,3 millones, que sólo pueden ser encajadas por la demanda de unas 400.000 casas anuales en tres años. Es cuestionable si la resolución de estos números es tan fácil como escribirlos, porque la mayor dificultad para su cumplimiento estará en la situación de la actividad, que ahora está en crisis y podría entrar en recesión. Pero, mientras tanto, el Ministerio de Vivienda se ha propuesto objetivos que complementen el mercado libre e introduzca racionalidad en algunos comportamientos que no la tenían.
Así, tratará de restablecer la seguridad jurídica del propietario en el mercado del alquiler para estimular el desarrollo de un mercado que no acaba de arrancar. Hasta ahora, un propietario que pone su casa en alquiler tiene dificultades casi insalvables para cobrar sus rentas en caso de morosidad del inquilino y tiene más problemas aún para forzar la liquidación del contrato, con el correspondiente desahucio. Para solucionarlo, Vivienda propone cambiar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la de Arrendamientos Urbanos, y acortar a tres meses, como máximo, la liquidación de los contratos en caso de desacuerdo.
Esta decisión, que introduce una aplastante lógica en el mercado, irá acompañada de otra que pretende reforzar la bolsa de suelo público para disponer de la oferta suficiente como para ejecutar el plan de vivienda protegida de esta legislatura y que sumará más de un millón de casas de protección oficial. Para ello abrirá un programa de compra de suelo por cuatro años, con un presupuesto inicial de 300 millones de euros, evitando siempre convertir las operaciones en gestos de avituallamiento de empresas con problemas. El dinero público no está ni para aliviar al sector privado ni para competir con él.
