El Gobierno destinará 300 millones a la compra de suelo para vivienda protegida
Sepes buscará terrenos de disposición inmediata y en poblaciones con gran demanda.
El Gobierno quiere frenar cuanto antes la crisis en la construcción y en el sector inmobiliario. La promoción de la vivienda protegida se convierte en el primer arma para forjar una alternativa al frenazo en la edificación residencial (un 32% menos en el primer trimestre respecto a 2007). Ayer, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció una nueva medida en el Foro CincoDías 30 Años de Economía en Democracia, organizado en colaboración con Accenture. La Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), adscrita al Ministerio, invertirá 300 millones adicionales a la compra de suelo privado destinado a la vivienda protegida.
Sepes ya destina 100 millones a la compra de suelo (150 en el próximo ejercicio), pero Corredor anunció que se reforzaría inicialmente con otros 300 millones para esta legislatura, cantidad que podría aumentar dependiendo del precio de adquisición de las ofertas recibidas. En octubre, y durante tres meses, se recibirán las ofertas.
Los criterios de selección de suelo se consensuarán con las comunidades autónomas y ayuntamientos y serán sometidas al estudios de viabilidad económica por parte de Sepes.
La ministra aseguró que esta medida no está relacionada con la sugerencia que hizo el ministro de Industria, Miguel Sebastián, de comprar suelo de Martinsa Fadesa para salir al rescate de la promotora, que presentó concurso de acreedores el 14 de julio. De hecho, a preguntas de los asistentes, negó salir en auxilio de ninguna inmobiliaria: 'No estamos interviniendo bajo ningún concepto, es esto lo que precisamente se nos está reprochando. El dinero público no está para salvar a las empresas, sino para invertir en políticas estructurales'.
Entre los criterios de selección, según Corredor, estarán los suelos que sean 'susceptibles de transformación inmediata, puesto que queremos agilizar al máximo la puesta a disposición de solares de vivienda protegida', además de estar situados en poblaciones de gran demanda. El precio de compra vendrá determinado por la oferta que realicen los vendedores de suelo, en relación a los módulos (valor según el municipio) de este tipo de edificación.
'El principal escollo para la construcción de vivienda protegida es la escasez de suelo urbanizado a precios asequibles', aseguró la ministra. Por eso, anunció que la Administración central, además, pondrá solares a disposición de los promotores, con el fin de aumentar la oferta. E invitará a comunidades y ayuntamientos a hacer lo mismo.
Estas medidas, que intentan paliar 'la profunda crisis en la construcción', en palabras de la ministra, no solucionará todos los problemas del sector. El pasado ejercicio se construyeron 650.000 viviendas, 'cuando la demanda se estima en unos 450.000 nuevos hogares por año', aseguró Corredor. Pero para este año el sector sólo terminará 200.000 viviendas. Aun así, el mercado tardará todavía otros tres años en absorber el exceso edificación residencial, un stock de 800.000 nuevas viviendas, según cifró esta registradora de la propiedad, titular del ministerio desde abril.
El reto del Gobierno es poner en el mercado un millón y medio de viviendas protegidas en diez años, de las cuales, un mínimo del 40% serán en alquiler. 'El apoyo decidido' a este tipo de vivienda, se deberá ver reflejado en el nuevo Plan Estatal 2009-2012, en plena negociación con las comunidades autónomas.
Además, como forma de acceso diferido a la compra de un hogar en propiedad, el Ejecutivo regulará la figura del alquiler con opción a compra, que algunas comunidades autónomas ya han incorporado a los planes regionales.
Con esta medida, el Gobierno cree que se hace 'más asequible el coste financiero', al desaparecer el pago de una entrada, en un momento en el que las entidades financieras exigen más garantías para conceder hipotecas.
Eso, a pesar de que el precio de la vivienda ha caído hasta el 2,4% en los últimos 12 meses, frente a incrementos entre el 10% y el 20% de los últimos diez años. La ministra aseguraba ayer que su departamento cree 'optimo' que el comportamiento de los precios 'se situara de forma estable entorno del IPC'.
Tras la construcción residencial con alguna protección, la segunda línea maestra del Ejecutivo consiste en 'el fomento del alquiler como forma de acceso a la vivienda'.
'Promocionaremos alojamientos destinados a colectivos específicos, como son los jóvenes, los universitarios, las mujeres víctimas de malos tratos, los investigadores y científicos o las personas mayores', anunció la ministra, sin concretar el número de alojamientos. El Ejecutivo también dará entrada a sociedades y fondos de inversión inmobiliaria (españoles e internacionales) en la financiación de viviendas protegidas destinadas al arrendamiento.
Además, la ministra recordó que el Gobierno destinará 2.000 millones, a través del ICO, para que se rehabiliten 500.000 viviendas en cuatro años.