Corredor asegura que reducirá a tres meses el trámite de desahucio
La ministra de vivienda, Beatriz Corredor, se ha marcado el difícil reto de 'lograr que el alquiler sea para el ciudadano una opción de acceso a la vivienda equiparable a la compra'. Para ello, el Gobierno se ha propuesto reducir los trámites de desahucio a tres meses, cuando ahora, el tiempo que transcurre desde que el arrendador inicia la petición de desahucio -normalmente por impago del alquiler- hasta que recupera su vivienda puede superar el año.
Este mismo mes, Corredor presentará un anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Arrendamientos Urbanos con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica de los propietarios de inmuebles 'para que se animen a poner en el mercado sus viviendas vacías'. Con la reforma, 'se agilizarán los desahucios y la reclamación de rentas impagadas para acortar la resolución de conflictos.
Como ejemplo de diligencia, la ministra explicó la experiencia piloto de Murcia, donde se ha creado una unidad específica de desahucios que ha permitido reducir el tiempo del lanzamiento a tres o cuatro meses, algo que Corredor quiere extender al resto de España.
La ministra no quiso dar una cifra estimativa del número de viviendas vacías que existen en España. Algunos estudios calculan que rondan los tres millones. El Gobierno argumenta que si logra aumentar el número de viviendas en alquiler, la ley de oferta y demanda provocará una caída de los precios.
Para aumentar la oferta de vivienda, Corredor rechazó implantar la figura del alquiler forzoso como sucede en el País Vasco y Cataluña. En ambas comunidades, la Administración autonómica puede sancionar y, en último término, expropiar, a los titulares de viviendas vacías. 'Penalizar a los propietarios no entra en nuestros planes y, además, las medidas que se han tomado en este sentido no han logrado aumentar la oferta de viviendas en alquiler'.
Acerca de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos -ya previsto en el programa electoral socialista- Corredor apuntó que se buscarán los mecanismos para que el propietario de un inmueble pueda recuperarlo cuando lo necesite, ya sea para él, para sus padres o hijos.
Sociedad Pública de Alquiler
Corredor no quiso entrar a valorar posibles cambios organizativos en la Sociedad Pública de Alquiler y se limitó a trasladar su confianza en la recién elegida presidenta, Nieves Huertas, que comparecerá en el Congreso en otoño. La Sociedad Pública de Alquiler nació en 2005 con el objetivo de revitalizar el mercado de alquiler en España, aunque en dos años sólo ha logrado unos 5.400 contratos.
Financiación. Vivienda pide a la banca que garantice la liquidez
Corredor hizo un llamamiento a la banca para que asuman 'la responsabilidad que les corresponde en una situación como la actual' y ofrezcan 'la liquidez necesaria para que las empresas puedan afrontar nuevos retos'. La ministra de Vivienda exhortó a bancos y cajas a que confíen en el sector empresarial y en los ciudadanos. Aun así, reconoció que el problema de liquidez es de carácter internacional. Corredor, que se reunió esta semana con representantes del sector financiero e hipotecario (AEB, CECA y Asociacioón Hipotecaria) se mostró confiada en que paulatinamente se alcance un escenario de normalidad.Si bien el Ejecutivo defiende que el ajuste en el sector constructor es necesario, Corredor respaldó el papel del empresariado para el crecimiento de España. La ministra aseguró que el Gobierno entiende que las promotoras no pueden estar paradas y apostó por ayudarlas, aunque ello no implica intervenir para evitar suspensiones de pagos.
Fiscalidad. Rechazo a elevar la deducción por compra
El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro defendió la semana pasada en el Foro CincoDías la necesidad de aumentar la deducción de vivienda en el IRPF del 15% actual al 25%. Ocho días después, en el mismo foro, Beatriz Corredor rechazó de forma tajante esa posibilidad ya que equivaldría a 'apagar fuego con gasolina'. La ministra de Vivienda argumentó que la mayoría de expertos, incluso los cercanos al PP, defienden que subir las deducciones se traduciría en un incremento del precio de la vivienda. Corredor recordó que esa deducción cuesta a las arcas públicas 4.000 millones de euros al año. Si bien se mostró contraria a incrementar los incentivos fiscales por adquisición de vivienda, rechazó la posibilidad de reducir la deducción y apostó sólo por su 'congelación'.