Trabajo

El Gobierno aprobará mañana al reparto de fondos del plan de recolocación de parados

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, adelantó hoy que el Consejo de Ministros dará luz verde mañana a una Orden Ministerial para la contratación de los 1.500 orientadores y el reparto de fondos a las comunidades autónomas que, dentro del plan de recolocación de parados, fue aprobado en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales del pasado 26 de junio.

En declaraciones a los periodistas tras entregar unos diplomas a 43 subinspectores de Trabajo, Corbacho aseguró que ya hay comunidades autónomas que están analizando cómo recolocar a los parados del sector de la construcción en otros sectores económicos. Es el caso de Cataluña, que en la provincia de Lérida necesita 5.000 temporeros y que está viendo cómo colocar ahí a parte de los desempleados del sector de la construcción.

Durante la Conferencia Sectorial, la secretaria general de Empleo, Maravillas Rojo ya adelantó que el Gobierno confiaba en que los fondos para el desarrollo del plan extraordinario de recolocación (201,3 millones de euros) comenzaran a hacerse efectivos entre finales de julio y principios de agosto.

Según explicó Rojo, estas transferencias comenzarán a hacerse una vez que se firme la Orden Ministerial que va mañana al Consejo de Ministros, que concretará el programa y permitirá iniciar el plan en el mes de septiembre.

En cuanto a los orientadores laborales, Rojo explicó que el criterio de reparto de los 1.500 trabajadores entre las diferentes comunidades autónomas ha sido el número de oficinas con presencia de efectivos del servicio público de empleo existentes en la distintas comunidades autónomas.

En el caso de los recursos destinados al resto de ayudas (a la movilidad, a la búsqueda de empleo, etc.), se han designado teniendo en cuenta la media ponderada del paro registrado y los demandantes no ocupados, al 50% respectivamente, entre junio de 2007 y mayo de 2008 en los diferentes territorios.

Rojo explicó también que cada comunidad autónoma organizará la distribución de los recursos de la forma más acorde con el conjunto con su cartera de servicios, teniendo en cuenta que los beneficiarios tienen que ser personas en riesgo de pérdida de empleo o personas en desempleo.