Deroguemos la Lofage
La Administración necesita a los mejores profesionales, reclama el autor, que cree que se conseguirá cuando desaparezcan las barreras de entrada, como las que establece la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (Lofage), por cuya derogación aboga
Es conocido que una promesa electoral recurrente año tras año es reformar la Administración pública para hacerla más eficiente, ágil y moderna. Sin embargo, y a pesar de tímidos avances como la Ley de Administración Electrónica, el Estatuto del Empleado Público o el Plan Concilia, la realidad es que la percepción ciudadana, pero también la de los propios empleados públicos, no refleja grandes avances.
Esta falta de reformas, en muchos casos por la resistencia interna de grupos o cuerpos de presión, genera una cierta distancia entre la Administración y el administrado. Los supuestos privilegios de que gozan los empleados públicos, más llamativos en épocas de crisis económica, son esgrimidos por la mayoría social para minimizar sus reivindicaciones o problemas y rechazar sus peticiones. A pesar de esto, en la mayoría de encuestas son muchos los estudiantes recién licenciados que desearían entrar a formar parte de la Administración pública, en parte por estos supuestos privilegios, fundamentalmente la seguridad en el empleo.
La ausencia de incentivos para la excelencia dentro de la Administración y la dificultad de medición de la productividad configuran un marco poco propicio para que los mejores trabajadores accedan a los puestos directivos de mayor graduación. Esto explica, en parte, por qué la pirámide de puestos de trabajo está invertida. Es decir, si uno analiza las escalas laborales se encuentra con una inflación de puestos de baja cualificación, y una escasez (en términos relativos) de puestos de alta graduación. Esto configura, en muchos casos, problemas a la hora de gestionar un mundo cada vez más sofisticado y con mayores necesidades de alta gestión.
Parece poco lógico que un presidente de Gobierno no tenga que ser licenciado, ni funcionario, y sin embargo sí deba serlo un director general
Si esto fuera poco, en abril de 1997 se aprobó, con el apoyo de los dos principales partidos políticos, la Ley 6/1997 denominada Lofage (Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado). Esta ley regula la carrera administrativa de la función pública y establece una serie de restricciones para el desempeño de algunos puestos directivos dentro del organigrama. Estas restricciones impiden, por ejemplo, a cualquier ciudadano que no sea funcionario del grupo A (licenciados) ser director general en cualquier ministerio. Esto se agrava en algunos casos o puestos en el que no sólo hay que ser funcionario del grupo A, sino que además hay que pertenecer a determinados cuerpos de la Administración (como técnicos comerciales del Estado o TAC).
La experiencia muestra que, aun cuando la ley plantea excepciones, el estamento político que los nombra suele estar expuesto a recursos por parte de estos cuerpos que se arrogan la exclusividad en este tipo de puestos directivos. Esta ley, por tanto, restringe y discrimina a una gran mayoría de profesionales de este país y ata de pies y manos a los gestores políticos que han de contar con máximos responsables de sus departamentos que, muchas veces, no comulgan con el proyecto político que representan y que ha sido elegido por los ciudadanos.
En este punto conviene recordar que en muchas profesiones se tiende a liberalizar su acceso y a eliminar las castas o cuerpos opacos que evitan la libre competencia. Esto puede ser el caso de los colegios profesionales, intermediarios inmobiliarios, abogados o farmacéuticos. En muchas de estas profesiones se ha optado por relajar o eliminar la obligación de colegiación obligatoria, o en otros casos permitir su actividad sin necesidad de título o conocimiento previo (intermediarios inmobiliarios). Por tanto, si esto es económicamente eficiente, la pregunta es por qué para ser director general del Tesoro hay que ser licenciado, funcionario y, dentro se éstos, sólo se puede ser técnico comercial del Estado. Parece una incongruencia que excelentes profesionales del sector privado no puedan acceder a estos cargos, primero porque económicamente no es rentable, y después porque existen restricciones muy arcaicas que sólo buscan defender privilegios de castas. Si en EE UU rigiese esta norma no podrían acceder al Tesoro profesionales de la talla de Rubbin o Paulsen.
Por último, esta norma también tiene impacto político a la hora de formar equipos. Parece poco lógico que un presidente de Gobierno no tenga que ser licenciado, ni funcionario, y sin embargo sí lo tenga que ser un director general o subsecretario. La Administración necesita a los mejores profesionales en cada nivel, especialmente en los rangos superiores. Esto se logrará cuando no existan trabas al libre trasvase entre el sector privado y público, sin barreras a la entrada, y cuando la remuneración sea competitiva.
Seamos coherentes y deroguemos esta norma, porque la coherencia económica se aplica igual a un intermediario inmobiliario, un abogado o un farmacéutico que a un director general del Tesoro o de Vivienda. La pena es que quien tiene que informar sobre esto suele ser un miembro de algún cuerpo de élite. La única esperanza es que estamos en democracia y existe un Parlamento que puede derogar esta norma tan arcaica. Espero que la valentía y la racionalidad se impongan al sentimiento de cuerpo.
Alejandro Inurrieta. Concejal del Ayuntamiento de Madrid