Ordóñez pide rigor salarial para que el ajuste no se cebe con el empleo
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pidió ayer el fin de las revalorizaciones salariales según el IPC y su asociación a las ganancias de productividad para evitar efectos inflacionistas de segunda ronda. El gobernador exigió rigor presupuestario para evitar nuevos compromisos a largo plazo.
El Banco de España dio ayer una nueva señal de alarma en plena vorágine de signos adversos para la economía: las subidas de precios están empezando a trasladarse a los salarios. El gobernador del organismo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, presentó ayer el informe anual de la entidad con un discurso en el que reconoció que el ajuste está siendo 'más intenso de lo esperado', porque al 'proceso de maduración de la fase alcista' en España se ha unido la crisis financiera internacional y la escalada de los precios de energía y alimentos.
El informe contiene dos mensajes para afrontar la crisis: reformas en los mercados y rigor presupuestario. El primer aspecto es crucial, a juicio de Fernández Ordóñez: 'fortalecer la flexibilidad y la eficiencia de los mercados de factores y productos facilitará la transferencia de recursos desde los sectores en proceso de ajuste hacia aquellos que pueden tomar el relevo'.
Y califica de 'especialmente trascendente' el caso del mercado de trabajo, para 'evitar que el ajuste recaiga predominantemente en el empleo'. El gobernador cree prioritario 'recuperar la trayectoria de moderación salarial', en particular, modificando los sistemas de indiciación 'que tienden a prolongar la incidencia de los episodios de rebrote inflacionista'. Los temidos efectos de segunda ronda.
También pide el organismo un cambio en la negociación colectiva, para que los salarios se adapten a las ganancias de productividad. El informe habla de 'rigideces' en los sistemas de contratación, que 'tienden a descargar la mayor parte del ajuste a través del empleo temporal'. En definitiva, reclama moderación salarial a los trabajadores, y también contención de los excedentes a los empresarios.
En cuanto al rigor presupuestario, Fernández Ordóñez exigió en la parte más dura de su discurso que se eviten 'actuaciones discrecionales de aumento de gasto público o reducción de impuestos que pudieran implicar un deterioro permanente del saldo público'. Una crítica velada a medidas como la devolución de 400 euros a trabajadores y pensionistas.
El gobernador reclamó que se deje actuar a los estabilizadores automáticos, como el aumento del gasto por desempleo o la menor recaudación impositiva, que de por sí suponen un impulso para la actividad. A su juicio, otras medidas adoptabas deberían ser 'selectivas', e ir acompañadas por contención en otras rúbricas. En concreto, reclama a las comunidades autónomas un esfuerzo de contención del gasto.
El organismo pide una rápida transposición de la Directiva de Servicios de la UE, así como la eliminación de restricciones al comercio minorista. En general, aboga por liberalizar mercados de bienes y servicios, para elevar la competencia y eliminar trabas que puedan entorpecer la creación de empresas. Una vez más, la entidad reclamó una reforma del sistema de pensiones para que se eleve su carácter contributivo.
La frase
'Los sistemas de indiciación salarial vigentes tienden a prolongar la incidencia de los episodios de rebrote inflacionista'
Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Gobernador del Banco de España
Acabar con la duración mínima de los alquileres
El discurso de Fernández Ordóñez estuvo plagado de recomendaciones directas sobre políticas a emprender por las autoridades, entre las que se incluye la eliminación de la duración mínima en los contratos de alquiler de viviendas. El gobernador del Banco de España reclamó un mercado de alquiler 'suficientemente profundo, que satisfaga la demanda de servicios residenciales de los hogares, complemente al mercado de vivienda en propiedad y facilite la movilidad regional de los trabajadores'. A su juicio, el logro de ese objetivo, serviría además para 'atenuar la magnitud del ajuste inmobiliario, facilitando la reabsorción del exceso de oferta y aportando soluciones asequibles a la demanda de alojamiento'. Las medidas concretas planteadas por el Banco de España pasan por mejorar la seguridad jurídica de la oferta de vivienda en alquiler y la eliminación de las restricciones a la duración de los contratos.En definitiva, Fernández Ordóñez propone suprimir el actual mínimo de cinco años de duración de los arrendamientos que tiene que aceptar el propietario (salvo desistimiento del arrendatario), y facilitar los desahucios en casos de impagos, cuya complejidad es el principal argumento esgrimido por los titulares de inmuebles vacíos que optan por no ponerlos en alquiler.
