La violencia no es un argumento
El Gobierno decidió ayer actuar con contundencia para garantizar la libre circulación por las carreteras españolas. Una gran mayoría de los españoles lo vienen demandando. Pero la mano dura no ha impedido que el Ejecutivo mantenga abiertos las cauces de diálogo. De hecho, ayer se alcanzó un acuerdo con las principales organizaciones de transportistas.
Sin embargo, de las doce patronales sentadas en la mesa, tres -que representan menos del 20% del sector- consideran que el medio centenar de medidas acordadas no son suficiente para desconvocar las movilizaciones. Su argumento es que no se ha incluido la principal de sus peticiones: la tarifa mínima, a la que se opone el Gobierno por convicción económica y por imperativo comunitario de libre competencia, y a la que también se opone el resto del sector. Fenadismer, principal organización convocante, considera que la imposición de una tarifa mínima, que deberían cumplir todos los transportistas, permitiría sacar del sector a muchos camioneros que ahora trabajan por debajo de costes. El Gobierno ha ofrecido mayores controles para intentar evitar ese intrusismo. Sería bueno conseguirlo, pero, como en cualquier negociación, ambas partes deben saber conceder para obtener.
El intento de las organizaciones en paro de imponer a toda costa su tarifa mínima cerrando cualquier vía de diálogo no es de recibo. Y mucho menos su defensa con una presión desproporcionada, cuando no fuera de la ley. El Gobierno no debe ceder ante ese intento de ser doblegado con el chantaje del desabastecimiento de productos básicos como alimentos y combustible, aunque lo cierto es que el daño está siendo importante. Numerosas industrias como la automovilística, que trabaja con métodos just in time, se verán obligadas a parar la cadena por falta de suministros. Igualmente, algunos centros comerciales están desabastecidos de determinados productos, al igual que algunas gasolineras. Es un boicot que el Gobierno y la sociedad no pueden consentir. Pero, además, ayer se produjo un enconamiento en las movilizaciones. Los piquetes se endurecieron para cortar el paso en los puntos neurálgicos de la red. De madrugada ardieron varios camiones en Alicante y, como consecuencia, un camionero que dormía en su cabina resultó gravemente herido. El martes un miembro de un piquete en Granada murió atropellado cuando una furgoneta intentó abrirse paso. Los dos casos son lamentables y no deberían haberse producido. Pero, si la violencia sustituye al diálogo, los argumentos pierden todo sentido.
La decisión del Ministerio del Interior de mantener el camino expedito para cualquier vehículo no es sólo un derecho, sino una obligación. Si los transportistas deciden utilizar medidas de presión ilícitas, el Gobierno debe responder con instrumentos lícitos de firmeza.
Es necesario que la cordura prevalezca en la negociación. Pues, al margen de actitudes violentas e intransigentes, los camioneros tienen derecho a recibir respuestas ante el fuerte aumento del gasóleo. En este sentido, las medidas acordadas entre el Gobierno y el 80% del sector deben servir para desbloquear el paro. Si se enquista, corre el peligro de írsele de las manos tanto a la Administración como a los convocantes.
