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Tribuna
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Innovar, emprender y una política regional

El nuevo reto que han de afrontar las economías regionales en el siglo XXI es el reinventar continuamente sus fuerzas impulsoras para lograr, mantener e incrementar su ventaja competitiva en un mundo crecientemente globalizado.

Ante este reto, los ingredientes clave que deben constituir la base de la nueva estrategia de las regiones son la innovación y la capacidad emprendedora. Por una parte, la innovación permite el desarrollo tecnológico que hace posible la extensión de la gama de productos, el mantenimiento de la cuota de mercado, la apertura de nuevos mercados, la flexibilidad de la producción, la rebaja en los costes de producción, la mejora en las condiciones de trabajo y la reducción de los posibles daños al medio ambiente. Asimismo, la innovación incrementa la productividad de los factores productivos, ayudando de esta forma a aumentar la prosperidad y competitividad total de la economía. Por otra parte, la capacidad emprendedora es la encargada de canalizar el crecimiento económico de la región y materializar su nueva ventaja competitiva, transformando las nuevas ideas y nuevos conocimientos en bienes o servicios avanzados y de alta calidad, que den lugar a mayores beneficios para las empresas y salarios más elevados para los trabajadores.

Es por ello que se hace necesario realizar una aproximación más sistemática a la innovación y a la capacidad emprendedora a nivel regional. Si la competitividad regional es el nuevo objetivo a alcanzar, la política regional estatal y comunitaria debería cambiar el énfasis de actuación, ya que la mayor parte de sus actuaciones fueron concebidas básicamente para promocionar el sector industrial, no la iniciativa empresarial. Por su parte, las acciones que se llevan a cabo a nivel regional y local para promover el crecimiento se dirigen, casi en su totalidad, a la atracción de empresas, dedicándose relativamente pocos esfuerzos a mantener las empresas existentes, y aún menos, a facilitar la innovación y la iniciativa empresarial.

Hay que buscar la coherencia con la competitividad regional tanto en las políticas estatales y comunitarias en la región como en las de la propia Administración regional y local. En este sentido, la contribución de las Administraciones estatal y comunitaria debería tener como metas: impulsar la innovación; incrementar la capacidad de liderazgo; invertir en infraestructuras públicas; incentivar la investigación básica; fomentar la capacidad emprendedora, y ofrecer un marco de seguridad y estabilidad macroeconómica. Por su parte, la aportación de la Administración regional y local se debería centrar en impulsar la colaboración entre los sectores público y privado, identificar los activos regionales, desarrollar procedimientos de diagnóstico y crear sistemas de desarrollo empresarial.

La innovación es el resultado de la interacción dinámica de una amplia variedad de factores regionales que deben favorecerse mediante políticas públicas: sus activos (capital humano, instituciones de investigación y desarrollo, capital financiero, infraestructuras físicas y tecnológicas, entorno legal y regulatorio, etcétera), sus redes (empresas, universidades, Administración pública y ONG) y su cultura económica subyacente.

Paralelamente, el fomento de la creación de empresas debería constituir una pieza fundamental en la nueva política regional, ya que una economía dinámica precisa tanto el crecimiento continuado y satisfactorio de esas nuevas empresas como el desarrollo coherente de las ya existentes. Se debería utilizar la experiencia y recursos acumulados de las empresas establecidas para contribuir a la creación de nuevos mercados y a introducir innovaciones en todas sus formas que permitan aprovechar todas las oportunidades de crecimiento y de generación de valor.

El desarrollo de unos servicios de apoyo que supongan una ayuda para las empresas en fase de crecimiento empieza con la mejora de los servicios de información y asesoramiento básico prestados por los organismos de apoyo. El siguiente paso consiste en asegurar que el desarrollo empresarial se sustenta en una formación apropiada y en una financiación concedida en términos adecuados. Por último, un apoyo eficaz a las empresas en crecimiento exige, cada vez en mayor medida, el reconocimiento de la interdependencia de las empresas, por ejemplo en las relaciones de la cadena de suministros o en los clusters.

Así pues, ante el reto de la globalización las regiones deben de ser capaces de crear y mantener su competitividad mediante el fomento de la innovación y la capacidad emprendedora, debiendo desempeñar las políticas públicas un papel activo mediante el rediseño de sus actuaciones. Así se sentarán las bases para la prosperidad y el bienestar social de las regiones a medio y largo plazo.

Simón Sosvilla. Profesor de Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y director de la Cátedra Fedea-Caja Madrid de Economía Regional

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