El proceso se inició cuando el Pleno del Tribunal de Defensa de la competencia multó a Telefónica en abril de 2002 por haber abusado de su posición de dominio en la provisión de acceso indirecto del bucle de abonado.
Telefónica recurrió a la Audiencia Nacional y ante la confirmación de la multa, presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
