Industria

Las eléctricas piden un año de plazo para poder aplicar la tarifa social

La nueva tarifa social anunciada la semana pasada por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, será de difícil aplicación. Las eléctricas consideran que necesitan hasta un año de plazo para adaptar sus sistemas informáticos y poder identificar a los clientes que se beneficiarían de esta tarifa: un total de 4,5 millones de hogares, según datos del ministerio.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián
El ministro de Industria, Miguel Sebastián

La semana pasada, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, cosechó un gran triunfo político al anunciar en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados la creación de una nueva tarifa social, que se aplicará a la primera residencia de los clientes que tengan contratada una potencia inferior a 3 kW. Dichos beneficiarios, que el Gobierno cuantifica en 4,5 millones de hogares (cifra que no encaja con los datos de las empresas), quedarán exentos de pagar el término fijo de potencia de su recibo de la luz. También anunció una mayor progresividad de la tarifa, con un tramo gratis para todos y penalizaciones a partir de ciertos niveles de consumo, que aún no han sido determinados.

Sin embargo, el día después está resultando menos triunfal. Con los datos en la mano, han surgido muchas dudas sobre la aplicación de una medida, que, en principio, se incluirá en la orden de tarifas del 1 de julio. Así, fuentes de las compañías eléctricas aseguran que ¢a corto plazo, será imposible adaptar la tarifa social y menos aún la progresividad, pues en el primer caso, no podremos cobrar la potencia y, en el segundo, hay unas horas gratuitas y unas penalizaciones, que deben incluirse en el recibo¢.

Las mismas fuentes aseguran ¢que las empresas han advertido al ministerio que necesitan un plazo de entre seis meses y un año para la adaptación de los sistemas informáticos a las nuevas tarifas¢. Pero, teniendo en cuenta que la tarifa social sólo se aplica a la primera residencia, la gran dificultad será identificar qué puntos de suministro corresponden a una primera residencia, pues la distribuidora no tiene esos datos.

Se da la circunstancia de que las segundas residencias (como viviendas en la playa, el campo o para otros usos) suelen tener menos potencia contratada, por lo que la picaresca podría estar servida. Por su parte, se desconoce qué ocurrirá con la actual tarifa social para potencia inferiores a 1kW, que, como asegura una empresa se contratan ¢para portales y cabinas de teléfono¢.

La aprobación de esta medida se incluirá en la orden ministerial de tarifas de julio, que no exige un desarrollo reglamentario, aunque fuentes próximas al ministerio, consideran que éste deberá incluir una disposición transitoria.

La mayor coincidencia de las empresas es la dificultad de averiguar cuál es la primera residencia de unos clientes que, en realidad, tienen la consideración de ¢puntos de suministro¢. Las mismas fuentes señalan que lo más probable es que la distribuidora, que sí tiene la lista de los suministros con potencia inferior a 3kW, tengan que preguntar a sus clientes cuál es su primera residencia.

Si es así, aseguran en el sector, se podrán dar casos de fraude. Y si a las distribuidoras se les obliga a comprobar estos datos ¢se les estará exigiendo una función pública que no les corresponde y que debería asumir algún órgano oficial¢, añaden.

Entre 150 y 200 millones

Lo que no parece preocupar a las empresas es el coste de eliminar el término de potencia de la nueva tarifa social. æpermil;ste se sitúa, según los cálculos del sector, entre 150 y 200 millones de euros, en función del número de hogares que finalmente se concrete.

El ministro de Industria lo cuantificó en un ahorro del 10% para dichos hogares. Y es que, además de ser un coste reducido, las empresas saben ¢que es una subvención que pagarán unos consumidores a otros¢, señalan. Más clara resulta, añaden, dicha subvención en el caso de la tarifa progresiva, que afecta a todos (incluidos los de la social).

Si el tramo gratuito es por horas, los que tienen menos potencia contratada se beneficiarán menos frente a los que tienen más potencia. De esta manera, hay clientes a los que podría compensar contratar más potencia, pues la progresividad les sería más beneficiosa que la tarifa social. En otras palabras, sería mejor descontar a todos lo mismo. En todo caso, el tramo gratuito está por determinar y también los que penalizarán los mayores consumos.

Una medida experimental en el mundo

Buena parte de las medidas tarifarias que el titular de Industria lanzó la semana pasada no se han concretado, por lo que las eléctricas no se atreven a dar una cifra de los clientes que se beneficiarán de la tarifa social. Ni ésta ni la progresividad que también se anunció, se corresponden con el nivel de renta de los consumidores ni con el consumo per cápita. Por esta razón algunos creen que la tarifa ¢tiene poco de social¢.

Así, se podrían beneficiar de ella hogares con un solo inquilino con renta alta y poco consumo, frente a otros, con varios miembros de familia y rentas inferiores. También, que se penalice a zonas rurales frías, a las que no llega el gas y dependen de la electricidad. Las mismas fuentes aseguran que Sebastián, al optar por la progresividad de la tarifa, ha confundido el suministro eléctrico, que es un servicio, con el IRPF, que es un impuesto. Y es que en el caso de la tarifa, se desconoce de antemano cuánto se va a consumir.

Esta es la razón por la que ¢en todos los países del mundo, existen tarifas binómicas, con un término fijo y otro variable¢, asegura un experto. Por tanto, ¢lo de España es un experimento que podría resultar arriesgado, porque en el futuro será difícil volver a implantar la potencia¢. La mejor discriminación ¢es la horaria¢, añaden, aunque tendrá que esperar a los nuevos contadores electrónicos. Pese a que el secretario de la Energía, Pedro Marín, aseguró en el Congreso que el ministerio va a intentar ¢evitar el fraude¢, este temor se ha instalado en el sector.

Difícil adaptación

Las empresas han calculado que la tarifa social les costará hasta 200 millones, una cantidad que les preocupa menos que la aplicación de la misma, pero desconocen el coste de la progresividad anunciada. Industria asegura que será neutra: la parte gratuita se compensará con más penalizaciones al consumo.