Banderazo de salida a la simplificación de trámites
Los trámites administrativos cuestan a las empresas una cantidad que supera el 3% del PIB. El Gobierno ha planteado el objetivo de reducirlos en un 30%. Los expertos opinan sobre la forma de conseguirlo
En plena desaceleración económica, el Gobierno ha planteado como una de las prioridades de la legislatura simplificar en un 30% las cargas administrativas que soportan las empresas. La inminente presentación por parte de la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, de las medidas decididas por el Ejecutivo da el banderazo de salida de este objetivo de todos los entes públicos. En un desayuno de trabajo organizado por CincoDías y la consultora KPMG, seis expertos en tareas de simplificación han contrastado ideas para dar un salto de calidad.
Gonzalo Solana, director de Análisis y Estrategia del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, cuantifica el coste de las tareas burocráticas de las empresas entre un 3% y un 4% del producto interior bruto. 'Para comprender la dimensión del problema, baste decir que ese nivel es casi equivalente a lo que se recauda por el IRPF'. Solana afirma que las Cámaras entienden la necesidad de regular, 'pero debe hacerse de forma eficiente. En el Reino Unido llevan diez años implantando mejoras; aquí el problema es más acuciante por la configuración territorial, que exige rendir cuentas frente a más sujetos, y por la arraigada tradición interventora del país'.
Solana destaca la especial incidencia de las cargas administrativas en el actual escenario de fuerte competencia: 'Los márgenes son cada vez más estrechos, por lo que esos costes ineficientes cuentan cada vez más. Mientras, uno de cada tres trabajadores se dedica a trámites burocráticos, sea dentro de la propia empresa o en una subcontratada'.
El Plan Nacional de Reformas de 2005 ya incide en la necesidad de minorar las trabas burocráticos. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reiteró en el discurso de investidura de este año la intención del Ejecutivo, y agrandó hasta el 30% la reducción esperada de las cargas.
Algunas comunidades autónomas han tomado la delantera en este ámbito. La Junta de Andalucía lleva impulsando la tramitación telemática desde 2004, según explica Juan Francisco Sánchez García, secretario general técnico de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. A su juicio, hay dos elementos fundamentales en la reducción de cargas: 'por una parte, la regulación, que está especialmente determinada por la administración central; por la otra, la agilización de los trámites, algo en lo que las comunidades podemos incidir por la vía electrónica'. La Junta de Andalucía ya dispone de un comité de trabajo en el que se habla de la simplificación, 'aunque falta por llegar la reducción efectiva de cargas. Muchos sectores aún dependen de la legislación básica estatal, de modo que llegamos hasta donde podemos llegar'.
Una de las comunidades más avanzadas es la de Cantabria, que va a firmar un convenio de colaboración con el Gobierno central y desde el próximo año implantará un programa de formación para el personal que realiza la codificación en la Administración cántabra, para que utilicen un lenguaje fácilmente comprensible. Ramiro Bedia, director general de Servicios y Atención a la Ciudadanía de Cantabria, recuerda que hay indicadores de la OCDE que sitúan a España en los peores lugares en cuanto a la magnitud de las cargas, que podrían llegar hasta el 5% del PIB. 'Si unimos a eso la baja productividad y el diferencial de inflación, la economía española se encuentra con un serio problema de competitividad, y más en el momento actual'. A su juicio, la situación requiere 'una actuación decidida, que eleve la calidad normativa y reduzca la burocracia. Ambas actuaciones requieren liderazgo político al máximo nivel. Hay que sacudir el polvo a las administraciones públicas'. Bedia advierte de la necesidad de actuar con transparencia e incorporar la gestión por objetivos en las administraciones, porque 'sólo así asumirán los cambios los agentes internos'.
Mari Carmen González Corral, directora para la oficina de modernización administrativa de la Secretaría General de Modernización y Administración Electrónica del País Vasco, explica que esa comunidad está creando indicadores 'para medir de forma ajustada el problema al que nos enfrentamos'. En su opinión, hoy existe incertidumbre porque 'las distintas administraciones tienen distintos ritmos. Es necesario que compartamos datos para evitar duplicidades y poder garantizar un plazo y unas condiciones a las empresas. De otro modo, éstas pasan demasiado tiempo alejadas de su actividad principal'.
La complejidad territorial de España otorga a los ayuntamientos gran relevancia a la hora de afrontar el problema. Máxime, en uno de la importancia del de Madrid. José Nuño Riesgo, director general de Calidad y Atención al Ciudadano, sostiene que 'de un modo u otro, todas las administraciones están haciendo algo; el problema estriba en los distintos ritmos de trabajo, en las distintas visiones y plazos para afrontarlo'. El responsable municipal valora la actuación de los ciudadanos y las empresas cuando se encuentran con avances en la supresión de trabas: 'La retroalimentación con los destinatarios de las medidas es inmediata'. A su juicio, los avances en Madrid están siendo rápidos, 'aunque es difícil, porque la gente exige garantismo y la estructura del Estado es complicada'.
También Ramiro Bedia se refiere a la distribución territorial como una dificultad adicional: 'Las transferencias a las comunidades autónomas están poniendo en peligro la unidad de mercado. La legislación es dispar según la región, lo que supone un problema para las empresas de implantación nacional'.
La carga de la prueba
La agilización y simplificación de los trámites pasan, según Gonzalo Solana, por invertir la 'carga de la prueba' respecto a los empresarios: 'En principio, hay que ver al emprendedor como alguien que con su trabajo va a crear riqueza y empleos, no como un potencial delincuente. No tiene sentido desincentivar la creación de empresas con complicaciones burocráticas. Facilitemos la entrada y, después, háganse todas las inspecciones que sean necesarias'.
En la misma línea incide la responsable de Administraciones Públicas. Mercedes Rubio recuerda que la propia ministra, Elena Salgado, ha hablado de la necesidad de un cambio cultural, de modo que la norma no sea omnicomprensiva: 'Es necesario asumir un cierto riesgo, tener una regulación suficiente aunque no contemple todas las situaciones posibles'.
Rubio explica que la voluntad de acercar la administración al ciudadano no es una novedad. 'Lo que es nuevo es que busquemos una metodología común dedicada a las empresas, contando con la colaboración de los receptores de la actividad del Gobierno antes de elaborar la norma. Se busca consultar a los sectores implicados antes de decidir'.
Juan Francisco Sánchez destaca la importancia de hacer llegar las nuevas tecnologías a todo el territorio para avanzar en la administración electrónica. 'No sólo la administración y las empresas; también los colegios profesionales, las cámaras de comercio y otros organismos deben funcionar con la vía telemática para facilitar los trámites'.
Gonzalo Solana cree que sería importante aprovechar la experiencia internacional, sobre todo la del Reino Unido: 'Allí tienen una oficina con 80 personas que asesora al Gobierno sobre mejoras regulatorias. Hay incluso un Ministerio de la Empresa y Mejora Regulatoria. Tienen capacidad para imponer que las leyes incluyan los nuevos costes administrativos, y trabajan para ver si los propios agentes pueden autorregularse'.
Para Mari Carmen Gómez, la responsable del Gobierno Vasco, 'hay que dar un salto de actitud para acercarnos al modelo inglés, porque, aunque no tengamos el dato concreto, todos sabemos qué trámites generan más costes a las empresas'.
Rubio reconoce que en España 'estamos en una situación incipiente, pero por ello es necesario difundir una filosofía de actuación entre los distintos agentes implicados'. Para ello, la estrategia del Gobierno pasa por identificar a los 'campeones de la better regulation mejor regulación': 'Identificaremos a las comunidades o ayuntamientos que más avancen, y apoyaremos y difundiremos su labor, para que el resto se den cuenta de la utilidad de las medidas. Se trata de que no tengamos que inventar todos todo el proceso, y que no nos lleve los diez años que ha necesitado el Reino Unido para llegar a su situación'.