Interior buscará el consenso para ampliar el plazo de retención de los 'sin papeles'
El Gobierno quiere aumentar el plazo de retención de los inmigrantes indocumentados. Actualmente, los extranjeros pueden permanecer en un centro de internamiento un máximo de 40 días. Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad, aseguró ayer que el Ejecutivo prevé 'un crecimiento racional de ese plazo', una medida que pretender ser consensuada 'con todos los partidos del arco parlamentario'.
Camacho expresó que aún no hay 'una concreción' de en cuantos días pretende aumentar el plazo de retención de extranjeros irregulares. Estas declaraciones las realizó tras el Consejo de ministros de Interior y Justicia de la UE, que aprobó la directiva de retorno para irregulares, unos ocho millones en la UE. Esa norma regula un plazo máximo de 18 meses para retener a los indocumentados.
Aprobada la directiva
Este es un acuerdo de mínimos entre los países. Actualmente nueve naciones (entre ellas Reino Unido) pueden internar a los sin papeles de forma ilimitada. En países más garantistas como Francia el plazo es de 32 días. El Ejecutivo español quiere aprobar la ampliación del plazo de 40 días antes de que entre en vigor la directiva comunitaria aprobada ayer (en julio de 2010).
Varias organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional o el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados, se oponían ayer mismo a esta norma: 'Aceptar la directiva tal y como está minará gravemente los derechos fundamentales de los individuos implicados'.
Los ministros de los 27 acordaron por unanimidad algunos cambios a la directiva en cuanto a la asistencia gratuita de los retenidos. El mecanismo aprobado prevé que la defensa sea gratuita según estipulen las leyes nacionales, y para el caso de las apelaciones, la ayuda sólo se daría cuando haya posibilidades de éxito. Este capítulo solo entraría en vigor en 2013, tras una moratoria de tres años.
Esta norma comunitaria tiene que ser refrendada el 17 de junio en el Parlamento Europeo, donde los grupos políticos pueden incluir modificaciones. Conservadores, socialistas y liberales están divididos en el apoyo a la nueva directiva.