El tortuoso viaje de Taguas a Seopan
La Oficina de Conflictos e Intereses, órgano dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, ha resuelto definitivamente que la presidencia de Seopan, la asociación que agrupa a las grandes constructoras, ofrecida a David Taguas es compatible con su condición de ex director de la Oficina Económica de Presidencia, empleo ejercido con categoría de secretario de Estado. Una vez más, un alto cargo de la política traspasa la frontera profesional hacia la iniciativa privada, pese a encontrar la oposición casi unánime de la opinión pública. Una situación prácticamente idéntica a la que se produjo cuando Pilar González de Frutos llegó a la patronal de las aseguradoras sólo unos meses después de abandonar su labor regulatoria e inspectora del sector como directora general de Seguros. O a la que se vivió cuando Gloria Hernández dejó la Dirección General del Tesoro para recalar en el Banco Pastor.
No está en cuestión que la normativa de incompatibilidades de los ex altos cargos elaborada por el Gobierno en 2006 no se cumpla al detalle en este caso. Lo cuestionable es si esa norma cubre todos los flancos para evitar toda sombra de duda, toda nebulosa, en el tránsito de la política a la economía privada. El viaje profesional de Taguas es legal a la luz de la resolución oficial, pero reprochable a la luz de la estética, cuando no de la ética. Y más si se repara en que estos comportamientos están a distancia sideral de los principios regeneracionistas, de transparencia y de confianza que emanan desde La Moncloa.
David Taguas, cuya preparación, valía y derecho a ocupar cualquier puesto en la empresa privada están fuera de toda duda, manejó como secretario de Estado múltiples asuntos con intereses directos de las empresas constructoras, aunque no haya firmado decisión ejecutiva alguna. Era parte de su misión. Fue puente en la operación financiera que desembocó en la compra de Endesa por parte de la italiana Enel y la constructora Acciona. Y en una operación más reciente, intervino, como defensor de los intereses de las empresas españolas en el exterior, en la resolución del conflicto que atrapó a Sacyr en la francesa Eiffage.
Dentro de unos días será presidente de un grupo de presión formado y financiado por estas mismas compañías. Y aunque carezca de poder ejecutivo en el mismo, tendrá conocimiento de los intereses de cada una de las empresas, y servirá de enlace con quien reparte la golosa tarta de contratos de obra pública que hasta hace poco él mismo podía supervisar. El Gobierno justifica la autorización en que Seopan no es una empresa, sino una asociación sin ánimo de lucro.
Ni Taguas, ni quien le ha elegido para defender sus intereses, ni quien ha autorizado su fichaje por Seopan con endebles argumentos han estado acertados. Se impone una revisión a fondo de la norma que la haga más transparente, limite posibles interpretaciones arbitrarias y haga más sencilla su aplicación objetiva. La reforma debería estar presidida por un principio también lógico que descansa en que la actividad política tampoco puede convertirse en un coto cerrado e impermeable en el que los partícipes de ella queden atrapados de por vida e inutilizados para retornar a la vida profesional. Cuestión de equilibrios y sentido común.