La abogada general de la UE avala la autonomía fiscal del País Vasco
Después de más de una década de decisiones de la Comisión Europea cuestionando la normativa fiscal del País Vasco, la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE dio ayer, por primera vez, un respiro a las diputaciones forales y al Gobierno de Vitoria. La representante de la máxima instancia judicial comunitaria reconoció, en un dictamen preliminar que deberá ratificar el Alto Tribunal comunitario, que la Comunidad Vasca goza de una autonomía suficiente, a nivel institucional y económico, para modificar el nivel de imposición fiscal que impera en todo el Estado español.
El informe, hecho público ayer, rebate la mayoría de las tesis de los denunciantes en el caso principal (UGT-Rioja, la Comunidad autónoma de la Rioja y la de Castilla y León). También, las tesis sostenidas por la Comisión Europea, que durante la vista oral negó la capacidad normativa de los Territorios Históricos vascos porque 'disponen únicamente de competencias muy reducidas en materia de economía'.
La ponente del juicio, la abogada general Juliane Kokott, se desmarca en el informe de esa lectura. Y subraya en el texto, a título de consideración previa, que parece destinada a las mentes más jacobinas de la Comisión Europea, que 'la Unión respeta el ordenamiento constitucional de un Estado miembro, sea centralizado o federal'. A partir de ahí, Kokott analiza si la Comunidad Autónoma Vasca cumple los criterios fijados por la jurisprudencia comunitaria, emanada de la sentencia sobre el régimen fiscal de las Azores en 2006, para que una región europea pueda modificar el nivel de imposición estatal.
Asumir el informe
La abogada general, una figura similar a la de un fiscal en España, cree que el País Vasco cumple esos criterios, tanto en lo relativo a la independencia institucional y procedimental, como a la capacidad de asumir las consecuencias de una reducción fiscal. Pero la ponente, a falta de la sentencia definitiva del Tribunal de Luxemburgo que generalmente suele asumir sus informes, cree que corresponde al Tribunal Superior de Justicia Vasco decidir en última instancia si el Concierto Económico vasco, sobre el que se sustenta la fiscalidad vasca y que está consagrado en la Constitución española, cumple de manera exacta esos criterios.
La decisión que adopte finalmente el Tribunal de Luxemburgo servirá de referencia para resolver varios pleitos presentados en los juzgados españoles.
Un 'espaldarazo' al concierto económico
El informe de la abogada general de la Unión Europea, consiguió conciliar al arco político, institucional y económico de Euskadi y del Estado, una situación que se suele producir en contadísimas ocasiones.El vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, aseguró que el dictamen 'supone un espaldarazo' para lo que significa el concierto económico y 'un reconocimiento' de la realidad histórica del País Vasco.Desde el Ejecutivo de Vitoria se afirmó que se 'desmontan' las alegaciones presentadas por UGT Rioja y la Junta de Castilla y León.Los diputados generales de Vizcaya y Guipúzcoa señalaron que ahora se puede producir 'el blindaje europeo' de las normas tributarias vascas.Desde la Junta de Castilla y León se estima, sin embargo, que la abogada de la UE en su informe se 'acerca' a sus 'tesis'.